Defensa Pública denuncia hacinamiento carcelario del 142% y pide reforma urgente

La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) presentó el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, un documento que revela graves deficiencias en el sistema penitenciario de República Dominicana. Según el informe, al cierre de 2025 la población penitenciaria nacional ascendía a 23,270 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad instalada del sistema es de 16,357 plazas, lo que representa una ocupación del 142.26 % y un excedente de 6,913 internos por encima de lo permitido.

El informe destaca que algunos recintos superan el 700 % de hacinamiento, una situación que dificulta la gestión penitenciaria y agrava las condiciones de vida de los reclusos. Además, advierte sobre la persistente utilización de la prisión preventiva: de los 23,270 internos, 15,025 permanecían bajo esta medida cautelar, equivalentes al 64.57 % del total, mientras que solo 8,156 tenían condenas definitivas.

La ONDP alerta sobre casos de tortura, falta de atención médica y más de 600 personas con padecimientos mentales recluidas sin sentencia ni tratamiento psiquiátrico adecuado. También señala la permanencia de adultos mayores y personas con enfermedades terminales en condiciones que no garantizan una vida digna, así como el posible impacto de la reforma penal que incorpora unos 70 nuevos delitos sin una infraestructura carcelaria adicional.

La población penitenciaria está compuesta mayoritariamente por hombres: 22,563 (96.96 %), frente a 707 mujeres (3.04 %). Ante esta realidad, la Defensa Pública destaca la necesidad de implementar políticas diferenciadas para las mujeres privadas de libertad, conforme a las Reglas de Bangkok, y garantizar una atención adecuada a los adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo con las Reglas de Beijing.

El director de la ONDP, Rodolfo Valentín, enfatizó que los derechos humanos son de las personas y nadie puede violentarlos, recordando que la Constitución establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. «Son seres humanos que no pierden sus derechos al estar detrás de una celda», afirmó, y añadió que el informe busca contribuir a la transformación de las condiciones carcelarias mediante la participación de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia.

«Lejos de una retribución, debemos trabajar por una justicia que sane, que transforme y que acompañe a aquellas personas que nacieron libres y que por sus hechos están privadas de libertad»

Valentín subrayó que el sistema debe apostar por la justicia restaurativa y por programas que favorezcan la rehabilitación y la reinserción social. También insistió en que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla, especialmente cuando los procesos judiciales se prolongan y los centros enfrentan limitaciones de espacio y recursos.

Ante este panorama, la ONDP plantea una acción coordinada entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Justicia para mejorar las condiciones de reclusión y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El informe concluye que sin una respuesta integral y urgente, el sistema penitenciario seguirá agravando su crisis humanitaria y funcional.