Defensa pide extinción de caso Medusa tras 4 años y 5 meses de proceso

Juan Asael Martínez Pimentel, imputado en el caso Medusa, solicitó al tribunal declarar extinguida la acción penal en su contra tras cumplir cuatro años, cinco meses y un día desde el inicio del proceso, período que calificó como un "limbo jurídico" que ha afectado su vida personal, profesional y financiera.

Durante su intervención ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Martínez Pimentel explicó que cuando comenzó el proceso aún no había cumplido 30 años y que actualmente tiene 35. Afirmó que ha asistido puntualmente a todas las audiencias y ha buscado que el caso avance hacia una decisión definitiva, sin utilizar mecanismos para retrasarlo.

El imputado recordó que aceptó previamente un criterio de oportunidad, aunque aseguró que no tenía relación con los hechos que se le atribuyen, con el objetivo de poner fin al proceso. Señaló que dicho acuerdo fue posteriormente retirado por el Ministerio Público.

Cuestiona la separación de su expediente y denuncia uso como mecanismo de presión

Martínez Pimentel se refirió a la separación de su expediente del caso principal, explicando que inicialmente fue el Ministerio Público quien solicitó dicha medida, pero que luego pidió su reincorporación al llegar a la etapa de juicio de fondo. Se opuso a esta reincorporación, argumentando que su caso podría resolverse en una o dos audiencias sin necesidad de permanecer vinculado años a un proceso de gran magnitud.

Además, sostuvo que su inclusión en el expediente fue utilizada como mecanismo de presión sobre terceros para facilitar acuerdos de interés para el Ministerio Público. "Mi presencia aquí sirvió para ejercer presión sobre terceros y facilitar acuerdos que el Ministerio Público tenía interés en obtener", afirmó, agregando que las consecuencias recayeron directamente sobre él mediante restricciones y años de espera.

"Cuatro años, cinco meses y un día. Quiero que recuerden ese tiempo. Porque esa es la condena que yo he tenido que cumplir a pesar de ser inocente", expresó Martínez Pimentel.

El imputado aclaró que no solicita un privilegio, sino la oportunidad de reconstruir su vida, emprender, proyectarse, casarse y formar una familia. Concluyó diciendo que no quiere "cumplir cuarenta años sentado en esos banquillos de madera".

Contexto del caso y posición del Ministerio Público

El Ministerio Público vincula a Martínez Pimentel con una transferencia bancaria de RD$300,000 realizada el 6 de marzo de 2020, según una investigación pericial financiera aplicada a su cuenta. El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias, ha rechazado previamente dos solicitudes de extinción de la acción penal: una presentada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otra por otros diez acusados de la estructura.

Tras escuchar los planteamientos de la defensa, la magistrada aplazó el juicio para continuar con el conocimiento de los incidentes presentados. El aplazamiento se produjo luego de que la coimputada Altagracia Guillén presentara quebrantos de salud, por lo que fue trasladada a un centro médico para evaluación y recuperación.