Contraloría detecta irregularidades en compras de CONAPOFA por más de 16 millones de pesos

La Contraloría General de la República (CGR) identificó 14 procesos de compra por un monto total de 16 millones 751,357 pesos en los que faltaron los informes de evaluación necesarios para respaldar la selección de proveedores del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA). Según el informe de auditoría fechado el 12 de mayo de 2025, estos expedientes carecían de los informes periciales que debían sustentar las recomendaciones de adjudicación.

La revisión abarcó el período comprendido entre el 16 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, durante el cual la entidad suscribió 850 contratos de compras y contrataciones por un total de 55 millones 612,299 pesos. Los auditores examinaron una muestra de 21 procesos que incluían 22 contratos, cuyos resultados no representan necesariamente la totalidad de las adquisiciones realizadas en el intervalo analizado.

Entre las irregularidades más significativas encontradas, destacan: expedientes incompletos, certificaciones presupuestarias emitidas después de las convocatorias, órdenes de compra o contratos, y adquisiciones no incluidas en los planes anuales de la institución. Además, tras una inspección física, los auditores concluyeron que CONAPOFA había pagado por trabajos de mantenimiento que no recibió.

Deficiencias en la documentación contractual

El informe señala que 13 procesos por un valor de 15 millones 551,357 pesos carecieron de constancia de garantías de fiel cumplimiento, de seriedad de la oferta o de ambas. Algunos de estos procesos coinciden con los 14 previamente mencionados, por lo que sus montos no deben sumarse como operaciones independientes.

Asimismo, se identificaron 11 expedientes sin evidencia de pliegos de condiciones, por un monto de 4 millones 717,887 pesos, y ocho adicionales con pliegos o términos de referencia que no cumplían el formato establecido, por un total de 6 millones 485,703 pesos. En estos últimos casos, los documentos carecían de información relevante y no fueron elaborados por peritos designados.

En tres procesos por 5 millones 461,183 pesos no se encontraron las actas de adjudicación, mientras que en otros diez, por 8 millones 230,572 pesos, las actas presentaban deficiencias en formato, orden cronológico o formalización. Estas omisiones limitan la verificación de las adjudicaciones y no permiten determinar los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores.

Observaciones sobre ejecución presupuestaria y transparencia

La Contraloría detectó que en 18 procesos por un total de 10 millones 987,590 pesos, las certificaciones de apropiación presupuestaria y de cuota de compromiso se emitieron después de las convocatorias, órdenes de compra o contratos. En dos de esos casos, además, las certificaciones se emitieron por el valor contratado y librado, no por el monto del proceso, lo que contraviene la secuencia establecida de los trámites presupuestarios.

También se encontraron cuatro expedientes sin constancia de oferta económica, por un monto de 5 millones 221,893 pesos. En el apartado de ofertas técnicas, el informe menciona una expresión contradictoria («dieciocho (10)»), cuya verificación requiere consulta de la fuente original.

En cuanto al cumplimiento fiscal y de seguridad social, los auditores identificaron dos expedientes sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos y ocho sin certificación de la Tesorería de la Seguridad Social. La ausencia de estos documentos no implica necesariamente que los proveedores tuvieran deudas tributarias o de seguridad social.

Finalmente, la auditoría reveló que dos procesos de 2023 por un valor de 380,977 pesos no estaban publicados en el portal de transparencia institucional al momento de la revisión. Estos correspondían al mantenimiento de un vehículo y a servicios de montaje, alquileres y alimentación para una jornada de concientización y un operativo médico.

El período examinado incluye principalmente la gestión de Obed Alexander Fabián Leonardo, quien fue designado director ejecutivo mediante el decreto 507-20 del 28 de septiembre de 2020. Aunque su nombramiento ocurrió después del inicio del intervalo auditado, permaneció al frente de la entidad hasta su supresión mediante el decreto 640-24 del 11 de noviembre de 2024.