Defensa de Gonzalo Castillo cuestiona pruebas en caso de corrupción

La defensa legal del excandidato presidencial Gonzalo Castillo ha presentado argumentos contundentes para desestimar la acusación de corrupción en su contra, señalando inconsistencias temporales y falta de evidencia concreta en el caso conocido como "Calamar". La abogada Laura Acosta, representante del político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostiene que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) son insuficientes para sustentar una condena.

Inconsistencias en la línea de tiempo

Uno de los principales argumentos de la defensa se centra en la cronología de los hechos. Acosta señaló que muchas de las evidencias presentadas se remontan a activos manejados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 2009, años antes de que Castillo dirigiera esa institución gubernamental. La jurista utilizó una analogía contundente para ilustrar su punto:

"La línea de tiempo es imposible, a menos que Gonzalo Castillo tenga una máquina del tiempo, como creo que tiene el Ministerio Público. No hay forma de que él estuviera involucrado con ese dinero"

El caso judicial involucra una supuesta estafa al Estado de aproximadamente RD$21,000 millones en procesos de contratación para la edificación de obras. Según la acusación fiscal, estos fondos habrían sido desviados a través de un complejo entramado financiero.

Cuestionamiento a testigos y evidencias

La defensa ha desafiado específicamente la credibilidad de dos figuras clave en la acusación. En primer lugar, cuestionó la declaración de José Pablo Ortiz, quien según el MP operaba el sistema de recaudación. "El brazo operador, la persona que tomaba el dinero de las bancas, era José Pablo Ortiz y él decía que se lo daba a Gonzalo; el Ministerio tomó esa declaración y nunca la comprobó", afirmó Acosta.

El segundo cuestionamiento se dirige al testigo principal, Ramón Emilio "Mimilo" Jiménez, quien presuntamente transportaba dinero de sobornos a Castillo. La abogada destacó graves omisiones en su testimonio: "Emilio nunca dijo una fecha, ni de la reunión en Palacio, ni de cuándo le daba el dinero a la supuesta muchacha que se lo depositaba a Gonzalo; su única prueba es su palabra".

La estructura de financiamiento ilícito descrita por la fiscalía involucraba bancas de apuestas clandestinas, un negocio que según la acusación servía para financiar estilos de vida lujosos y la campaña electoral de Gonzalo Castillo. Sin embargo, la defensa insiste en que estas conexiones no han sido probadas documentalmente.

Laura Acosta reiteró de manera enfática la posición de la defensa: "No hay pruebas suficientes" para condenar a su representado. El caso continúa su curso legal mientras ambas partes preparan sus argumentos para las próximas etapas del proceso judicial, que ha captado la atención nacional por la prominencia política del acusado.