Decreto 403-2026 impulsa digitalización del Estado en RD pese a brecha social

El Decreto Presidencial 403-2026 establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos como eje central de la estrategia de transformación digital del Estado dominicano. Esta normativa busca modernizar los servicios públicos, reducir la burocracia y acercar la administración a los ciudadanos mediante un enfoque centrado en el usuario.

El objetivo principal es lograr un intercambio seguro y eficiente de datos, documentos electrónicos y eventos entre instituciones estatales, eliminando trámites redundantes y mejorando la eficacia administrativa. La responsabilidad de forma parte del Ministerio de Administración Pública (MAP), mientras que la Oficina Gubernamental de Tecnologías y Comunicaciones (OGTIC) lidera la implementación técnica, incluyendo la operación de la Plataforma Única de Interoperabilidad.

El decreto deroga y actualiza normativas previas, incluyendo el Decreto 92-22 de febrero de 2022, el Decreto 316-24 y parcialmente el Decreto 707-22, que habían creado el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental y el Programa de Gobierno Eficiente/Burocracia Cero. Esta unificación evita la duplicidad de funciones y centraliza la estrategia digital bajo una sola estructura institucional.

Los beneficios económicos ya son medibles: según datos oficiales, los trámites en línea generaron ahorros superiores a RD$2,000 millones en 2025 para el Estado y los ciudadanos. Además, las plataformas digitales han facilitado el acceso de las pymes a mercados internacionales, reducido tiempos de gestión y mejorado su competitividad, mientras que el uso de billeteras electrónicas y aplicaciones bancarias ha ampliado la inclusión financiera en sectores históricamente excluidos.

El pago digital muestra un crecimiento significativo: entidades como Visa, Mastercard y CardNET reportan que el 83% de las operaciones bancarias en República Dominicana son ya digitales y el 90% de las transacciones con tarjeta utilizan tecnología sin contacto, reflejando un cambio profundo en los hábitos de los usuarios.

No obstante, persiste una brecha estructural de acceso: más de 3 millones de dominicanos carecen de acceso significativo a internet, según datos recientes. Mientras el Distrito Nacional supera el 70% de conectividad, provincias como Independencia apenas alcanzan el 1.6%, lo que evidencia una desigualdad territorial marcada.

Esta brecha no es solo tecnológica, sino también social, ya que limita el acceso a educación, salud, empleo y participación ciudadana, perpetuando lo que se denomina deuda social. El avance tecnológico convive así con una realidad de exclusión que debe abordarse para que la transformación digital sea verdaderamente inclusiva y equitativa.