Cuatro dominicanos se declaran culpables de estafa de US$5 millones contra adultos mayores en EE.UU.

Cuatro ciudadanos dominicanos se declararon culpables ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una sofisticada estafa que defraudó más de US$5 millones a adultos mayores en varios estados del país. El caso, que involucró llamadas telefónicas fraudulentas y suplantación de identidad, fue procesado en la jurisdicción de Nueva York y concluyó con acuerdos de culpabilidad que evitan un juicio prolongado.

Según los documentos judiciales presentados por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, los acusados operaban desde centros de llamadas no autorizados, donde se hacían pasar por representantes de agencias gubernamentales como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o el Seguro Social. Utilizando guiones diseñados para generar miedo y urgencia, convencían a sus víctimas —principalmente personas mayores de 65 años— de que debían pagar deudas inexistentes bajo amenaza de arresto, embargo de bienes o pérdida de beneficios.

La investigación, liderada por el Departamento de Justicia de EE.UU. en colaboración con agencias estatales y locales, reveló que la red criminal estuvo activa entre 2022 y principios de 2026. Durante ese período, se identificaron más de 300 víctimas en al menos 12 estados, incluyendo Florida, Nueva Jersey, Pensilvania y Illinois. El monto total defraudado superó los US$5,2 millones, gran parte de los cuales fue transferido mediante giros internacionales, tarjetas de prepago y criptomonedas para dificultar su rastreo.

Los cuatro acusados, cuyas identidades fueron reveladas parcialmente por razones de seguridad procesal, enfrentaban cargos por conspiración para cometer fraude por telecomunicaciones, fraude electrónico y robo de identidad. Al declararse culpables, aceptaron cooperar con las autoridades en investigaciones relacionadas y se sometieron a acuerdos que incluyen la restitución parcial de los fondos robados, aunque se espera que la recuperación total sea limitada debido al lavado de dinero utilizado.

El juez encargado del caso destacó durante la audiencia la gravedad del delito por su impacto desproporcionado en una población vulnerable. Señaló que este tipo de estafas no solo causan pérdidas económicas, sino también daño emocional y pérdida de confianza en instituciones legítimas. Por ello, subrayó la importancia de las penas disuasorias, aunque las sentencias finales aún están pendientes de audiencia.

Autoridades de protección al consumidor, incluyendo la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), aprovecharon el caso para reiterar sus advertencias al público. Recomendaron que las personas mayores no proporcionen información personal o financiera por teléfono sin verificar la identidad del llamante mediante canales oficiales, y que cualquier amenaza de arresto o acción legal inmediata por teléfono es casi siempre una señal de fraude.

Este caso forma parte de un patrón creciente de estafas transfronterizas dirigidas a adultos mayores en EE.UU., muchas de las cuales operan desde el extranjero pero utilizan tecnología de voz sobre IP y números falsificados para aparecer locales. Las autoridades continúan trabajando en acuerdos de cooperación internacional para desmantelar estas redes y perseguir a sus operadores, incluso cuando actúan desde jurisdicciones fuera del alcance directo de la ley estadounidense.