Cruz Cruz deja la Policía tras seis meses: conflictos internos frenan reforma

El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz fue destituido de la Dirección General de la Policía Nacional tras apenas seis meses en el cargo, poniendo nuevamente en evidencia las dificultades para consolidar la reforma policial impulsada por el gobierno de Luis Abinader. Su salida, ocurrida esta semana, fue reemplazada por el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

La brevedad de su gestión contrasta con el plazo máximo de dos años establecido por ley para el director general de la institución y se convierte en una de las más cortas de las últimas décadas. Cruz Cruz asumió el cargo el 18 de febrero de 2024, tras ser designado para liderar un proceso de transformación que el Ejecutivo considera una de sus principales apuestas institucionales.

Según fuentes consultadas por EL DÍA, su destitución estuvo precedida por diferencias internas en la conducción del proceso de reforma, en las que también participaron consultores extranjeros contratados para acompañar la transformación. Estas tensiones escalaron hasta afectar la relación entre diversos actores involucrados, colocando a Cruz Cruz en el centro de una disputa que trascendió la gestión operativa cotidiana de la Policía.

Paradójicamente, Cruz Cruz llegó a la dirección con un perfil enfocado en el control interno y el mandato de profundizar la reforma. Durante sus primeros cien días en funciones, destacó públicamente como prioridades la profesionalización, la transparencia, la modernización institucional y la recuperación de la confianza ciudadana. No obstante, apenas tres meses después de presentar ese primer balance fue removido del cargo.

Su salida no es un caso aislado dentro de la actual administración. En agosto de 2020, Edward Sánchez González fue designado director de la Policía al inicio del gobierno de Abinader, precisamente cuando se iniciaban los primeros planteamientos de una transformación profunda. Sánchez, considerado uno de los oficiales más capacitados para liderar el proceso, tampoco pudo completar los dos años: fue destituido en octubre de 2021 tras aproximadamente 14 meses en el cargo, en medio de una crisis generada por actuaciones policiales cuestionadas y diferencias institucionales.

Entre los episodios que marcaron la gestión de Sánchez estuvo la muerte de los esposos y pastores evangélicos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz en marzo de 2021, quienes fueron abatidos por agentes policiales en Villa Altagracia tras ser confundidos con delincuentes. El caso generó una conmoción nacional y aceleró la decisión del gobierno de impulsar una reforma más estructural de la institución.

Ahora, cinco años después, otro oficial con perfil favorable a la transformación institucional termina su gestión de forma anticipada. Ambos directores, Cruz Cruz y Sánchez, contaban con la capacidad y disposición para impulsar cambios, pero quedaron atrapados en conflictos que sobrepasaron la ordinaria gestión de la institución.

La gestión de Cruz Cruz tampoco estuvo exenta de episodios que pusieron a prueba su autoridad. Pocos días después de asumir, varios agentes, entre ellos un coronel y un capitán, fueron suspendidos y enviados al Ministerio Público por la presunta sustracción de más de un millón de pesos durante una investigación en San Cristóbal. Cruz Cruz confirmó entonces que los organismos de control interno mantenían múltiples investigaciones relacionadas con faltas de integridad de miembros de la Policía, enmarcadas dentro de una política de cero tolerancia a conductas incompatibles con los valores institucionales.

Otro momento crítico ocurrió en julio de 2024, con la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien recibió un disparo de un cabo policial durante una intervención en La Cañada de Guajimía, en Herrera. El hecho quedó registrado en video y generó una fuerte reacción pública. En respuesta, la Policía puso al agente José Francisco Moreta Heredia a disposición del Ministerio Público y Cruz Cruz dispuso el relevo del comandante operativo de Santo Domingo Oeste, designando al coronel Luis Peña Peña para liderar esa jurisdicción.

Este episodio volvió a poner en debate uno de los desafíos centrales de la reforma policial: asegurar que los protocolos, entrenamientos y cambios administrativos implementados en los niveles superiores se traduzcan efectivamente en el accionar diario de los agentes en el terreno.