Corte federal bloquea política de Trump que impedía fianza a inmigrantes

Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado una política implementada durante la administración Trump que negaba sistemáticamente la libertad bajo fianza a ciertos inmigrantes detenidos por autoridades migratorias. La decisión, emitida el 30 de julio de 2026, representa un revés significativo para las restricciones migratorias más estrictas de los últimos años.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la política violaba el debido proceso constitucional al impedir que los jueces de inmigración evaluaran individualmente si un detenido podía ser liberado bajo fianza mientras esperaba su audiencia. Los jueces argumentaron que la medida aplicaba una presunción de peligrosidad sin considerar circunstancias específicas de cada caso.

La regla controvertida, emitida en 2020 por el Departamento de Justicia bajo el entonces fiscal general William Barr, instruía a los jueces de inmigración a denegar la fianza en casos de ciertos delitos menores o infracciones migratorias, incluso cuando no había riesgo de fuga o peligro para la comunidad. Organizaciones de derechos civiles habían demandado la política afirmando que llevaba a detenciones indefinidas y arbitrarias.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 8,000 inmigrantes fueron afectados directamente por esta política entre 2020 y 2023, muchos de ellos detenidos por períodos prolongados sin posibilidad de pagar fianza. La corte señaló que esta práctica generaba un impacto desproporcionado en solicitantes de asilo y personas con vínculos familiares fuertes en Estados Unidos.

La decisión judicial no elimina por completo la posibilidad de denegar fianza, pero establece que los jueces deben realizar audiencias individuales y considerar factores como vínculos comunitarios, historial criminal y riesgo real de fuga antes de tomar una determinación. El gobierno federal tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron el fallo como un paso importante hacia la restauración del debido proceso en el sistema de detención migratoria. Por su parte, representantes de la administración anterior defendieron la política como necesaria para proteger la seguridad pública y hacer cumplir las leyes de inmigración.