Corte de Apelación confirma prisión preventiva para imputada en caso Onco14 por desvío de fondos del Patronato Cibaeño

Los jueces de la Corte de Apelación de Santiago ratificaron la prisión preventiva contra Luisa Yasiris Guzmán, imputada en el caso Onco14 por la presunta sustracción de millones de pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. La decisión se tomó tras rechazar el recurso de apelación presentado por su defensa, que buscaba sustituir la medida de coerción por otra menos gravosa.

Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Héctor Antonio Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, cumple su prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey-Mujeres, en Santiago. Los magistrados confirmaron así la medida dictada previamente por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

Contexto del caso Onco14 y otras medidas coercitivas

El caso Onco14 involucra a tres imputados principales: Héctor Antonio Lora Cruceta, identificado como el principal implicado y quien cumple prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey–Hombre; Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien permanece bajo arresto domiciliario; y Luisa Yasiris Guzmán, cuya defensa no logró modificar su situación jurídica pese al recurso interpuesto.

El pasado 29 de junio, la jueza Stefani Santiago dictó 18 meses de prisión preventiva tanto para Héctor Antonio Lora Cruceta como para Luisa Yasiris Guzmán, mientras que a Dilcia Isabel Vargas Sánchez le impuso arresto domiciliario, considerando su rol en la presunta red de desvío de fondos.

Cargos y presuntas maniobras fraudulentas

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología mediante acceso ilícito a sistemas, y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. Según el Ministerio Público, utilizaron recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) destinados a pacientes de escasos recursos con cáncer para obtener fondos ilícitos.

La investigación establece que Héctor Antonio Lora Cruceta transfirió el control de la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, con el presunto fin de desviar fondos del Patronato Cibaeño. Además, se creó un departamento para modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.

Se les atribuye el uso de sellos médicos y talonarios presellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que nunca evaluaron a los pacientes. También se acusa a Lora Cruceta de prohibir la entrega gratuita de medicamentos donados bajo amenaza de despido, con el objetivo de comercializarlos, incluidos fármacos de alto costo usados en quimioterapia.

Otras prácticas denunciadas incluyen la doble facturación de medicamentos, la administración de dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas, y la facturación de medicamentos biológicos originales cuando se entregaban versiones genéricas de menor costo, todo con el presunto objetivo de obtener beneficios económicos indebidos.