Contraloría aprueba 328 de 337 inspecciones de alquileres estatales en 5 meses

La Contraloría General de la República (CGR) autorizó 328 de 337 inmuebles inspeccionados vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas durante el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2026, según informó el organismo de control.

El monto total de los contratos evaluados supera los RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, abarcando una variedad de propiedades destinadas a uso institucional. De las inspecciones realizadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 inmuebles, otorgando autorización de no objeción en 236 casos, mientras que la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental inspeccionó 94 inmuebles y autorizó 92.

El contralor general, Geraldo Espinosa, destacó que estas inspecciones permiten incorporar un criterio técnico al uso de recursos públicos destinados al alquiler de inmuebles, fortaleciendo los controles antes de que las instituciones asuman o continúen compromisos contractuales. "Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación", afirmó Espinosa.

Durante el período analizado, se recibieron 351 solicitudes de inspección, de las cuales 337 fueron evaluadas y 14 permanecieron pendientes o programadas. Entre los inmuebles evaluados, predominaron aquellos destinados a oficinas, seguidos por almacenes y estacionamientos. También se registró la revisión de alquileres de centros educativos privados utilizados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas, siendo una parte importante de las solicitudes correspondiente a renovaciones de contratos existentes.

Las inspecciones tuvieron alcance nacional, aunque los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo. El reporte también menciona operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.

El Ministerio de la Mujer fue la institución con mayor volumen de requerimientos, presentando 56 solicitudes de inspección relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas institucionales. Al cierre del periodo, la Contraloría había realizado 39 de esas inspecciones.

"Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado", puntualizó el contralor Geraldo Espinosa.

Las inspecciones se realizan de forma obligatoria desde el 1 de marzo de cada año, en cumplimiento de la normativa de la Contraloría que establece la fiscalización previa de los alquileres y arrendamientos estatales. Este mecanismo busca fortalecer el control previo sobre este tipo de contrataciones y aportar información técnica para la toma de decisiones de las instituciones públicas, asegurando un uso más racional y transparente de los fondos estatales.