Congreso Nacional recibe más de 20 propuestas para modificar el nuevo Código Penal

El Congreso Nacional recibió una avalancha de propuestas de modificación al nuevo Código Penal en las últimas horas antes del cierre del plazo establecido para recibir observaciones, con el objetivo de corregir supuestos errores antes de su entrada en vigencia el próximo 5 de agosto.

Según informaron fuentes legislativas, las propuestas superan las dos decenas de documentos, pero la Cámara de Diputados estima que su análisis y posterior votación podrían completarse en un plazo máximo de dos días.

Debate sobre la despenalización del aborto en tres causales

La despenalización del aborto en tres circunstancias específicas se convirtió en uno de los temas más recurrentes en las observaciones presentadas ante la Comisión Bicameral del Poder Legislativo. Las causales mencionadas son: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo resultado de violación sexual o incesto.

Mientras algunos sectores solicitan eliminar el castigo a quienes decidan o colaboren en interrumpir el embarazo bajo estas condiciones, otros argumentan que dicha medida violaría la Constitución al afectar el derecho a la vida.

Al menos tres colectivos identificados como defensoras de los derechos de las mujeres presentaron iniciativas individuales para eliminar el castigo penal. Entre ellas se encuentran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), la Coalición Ciudadana PODEMOS, el Centro de Atención a la Víctima y el National Dominican Women's Caucus.

Un documento respaldado por 12.000 firmas ciudadanas y otro elaborado por 70 profesionales del ámbito jurídico respaldan esta demanda, a la que se sumó el partido político Opción Democrática (OD).

Preocupaciones por artículos que afectan la libertad de expresión

Los delitos relacionados con la libertad de expresión también fueron objeto de numerosos señalamientos. El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Colegio de Abogados de la República (CARD) y la Fundación Primero Justicia (FPJ) solicitaron aclaraciones y revisiones de las penas para evitar afectar el ejercicio del periodismo.

El CDP cuestiona que el artículo 39 responsabilice penalmente a los medios de comunicación, lo que podría permitir su cierre, y denuncia el restablecimiento de la "responsabilidad en cascada", eliminada previamente por el Tribunal Constitucional, lo que vulneraría el principio de personalidad de la culpa.

Asimismo, critica que el artículo 192, que sanciona la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, no contemple excepciones para contenidos de interés público, y rechaza que los artículos 208 y 209, que tipifican difamación y extorsión, mantengan penas de prisión, considerando ambigua su redacción y riesgosa para denuncias legítimas.

El organismo también advierte que el artículo 210, sobre injuria, podría penalizar abusivamente expresiones de opinión y críticas legítimas.

Rechazo al artículo 310 y a la violencia digital

El CDP y Opción Democrática coincidieron en solicitar la supresión del artículo 310, que tipifica el delito de ultraje contra funcionarios públicos. Este artículo establece sanciones de quince días a un año de prisión menor por pronunciar palabras, amenazas o enviar escritos, imágenes u objetos contrarios a la dignidad de un servidor público.

Según OD, mantener este artículo otorgaría a los servidores públicos una "protección penal privilegiada" no disponible para el resto de la ciudadanía.

Además, el partido rechazó el artículo 192 por eliminar la posibilidad de sancionar la "violencia digital", afirmando que en la era de la digitalización, desproteger a los ciudadanos en entornos virtuales constituiría un retroceso inaceptable.

Otras propuestas de modificación

Opción Democrática también recomendó eliminar la excepción de responsabilidad penal que beneficia a partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos e iglesias según el artículo 13, argumentando que dicha disposición infringe principios de igualdad ante la ley.

El Congreso Nacional continuará evaluando todas las propuestas recibidas antes de decidir sobre las modificaciones al nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el 5 de agosto.