Congreso dominicano aprueba 40 iniciativas pero deja pendientes reformas clave

El Congreso Nacional de la República Dominicana concluyó su primera legislatura ordinaria de 2024 con una agenda productiva que incluyó la aprobación de más de 40 iniciativas legislativas, entre ellas 15 leyes de impacto, pero dejó pendientes reformas estructurales consideradas estratégicas para el país.

Durante las últimas semanas, el enfoque legislativo se concentró casi exclusivamente en la reforma al Código Penal, cuya entrada en vigencia generó un intenso debate que absorbió gran parte del tiempo y los recursos disponibles en ambas cámaras. Esta prioridad provocó el retraso o el estancamiento de otros proyectos de ley previamente avanzados en su trámite constitucional.

Entre las iniciativas aprobadas destacan: la declaración de urgencia y conversión en ley de la modificación al Presupuesto General del Estado para 2026; la primera discusión del proyecto sobre gestión de ciberseguridad; varias resoluciones de reconocimiento; y la aprobación de dos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$465.5 millones, destinados a seguridad vial, infraestructura y gestión de riesgos.

El Senado, por su parte, dio luz verde a iniciativas como la ley para la protección y adquisición del patrimonio cultural, la declaración de Azua como Capital del Tomate y la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de Turismo de Salud.

Reformas clave que quedaron pendientes

La reforma al Código de Trabajo fue una de las principales víctimas de esta concentración legislativa. Aunque el proyecto había sido aprobado en primera lectura tras más de cincuenta reuniones de una comisión especial y el recibimiento de observaciones de todos los sectores involucrados, fue posteriormente reenviado a comisión para continuar su estudio, quedando relegado por el debate del Código Penal. Al concluir la legislatura, la iniciativa no completó su trámite constitucional y deberá reiniciar su proceso, salvo convocatoria de una legislatura extraordinaria por el Poder Ejecutivo.

Similar fue el destino de la reforma policial, que busca modernizar la Ley Orgánica de la Policía Nacional mediante medidas como la obligatoriedad de usar cámaras corporales durante intervenciones, el reconocimiento del derecho ciudadano a grabar procedimientos policiales y nuevas reglas para operativos preventivos. A pesar de su importancia en el proceso de transformación institucional impulsado por el Gobierno, tampoco encontró espacio en una agenda dominada por el Código Penal.

Otras reformas estratégicas que permanecieron en discusión técnica sin llegar al pleno para su aprobación incluyen: la reforma a la Ley de Seguridad Social, orientada a ampliar beneficios y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema; la reforma educativa, que busca actualizar currículos y revisar aspectos de la carrera docente; la Ley de Vivienda Social; y la reforma al sistema de Salud Pública.

Los trabajos legislativos se reiniciarán el próximo 16 de agosto, momento en el que los proyectos que no concluyeron su trámite deberán retomar el proceso desde el punto en que quedaron, salvo que se decida reintroducirlos de nuevo. Esta situación evidencia las limitaciones del calendario legislativo cuando una sola iniciativa concentra la mayor parte del debate político y técnico, afectando el avance de otras agendas nacionales prioritarias.