Congreso aprueba ley para pagar obras públicas sin contratos formales

El Congreso Nacional ha convertido en ley un proyecto que autoriza, de manera excepcional, el pago de deudas a empresas e ingenieros que ejecutaron obras públicas sin contar con un contrato formal con el Estado. La normativa, aprobada este lunes bajo declaración de urgencia en la Cámara de Diputados, busca saldar obligaciones pendientes que se remontan hasta el año 1990.

Oposición critica falta de transparencia

La aprobación del proyecto generó un fuerte rechazo por parte de las bancadas opositoras, principalmente Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los legisladores de estos bloques coincidieron en que la pieza debió pasar por un proceso de discusión más amplio que permitiera a los representantes conocer su contenido en detalle.

La principal crítica se centra en la ausencia de información clave dentro del documento legislativo. El vocero de la FP, diputado Rafael Castillo, señaló durante el debate:

"Este proyecto de ley tiene una falencia muy importante: no tiene monto de obras y no tiene fecha de la ejecución de la obra".

Los opositores también manifestaron preocupación por la posibilidad de que empresas vinculadas al Gobierno se beneficien económicamente sin merecerlo. Aclararon que no están en desacuerdo con el objetivo de pagar a los acreedores legítimos, pero exigen mecanismos de verificación.

Proceso de verificación y entidades involucradas

El senador Franklin Romero, autor de la iniciativa, delegó en el Ministerio de Hacienda y Economía la responsabilidad de identificar los montos exactos a pagar. El artículo tres de la ley establece que esta institución determinará, mediante un proceso de "verificación y validación", los "montos finales a pagar", los cuales deben calcularse a los precios vigentes en las fechas de ejecución de los trabajos.

Las deudas corresponden a obras que requirieron reformulación de presupuestos, trabajos adicionales, labores menores y mantenimientos correctivos, realizados sin el respaldo contractual adecuado. Las entidades gubernamentales deudoras identificadas son:

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
• Ministerio de Educación (Minerd)
• Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi)
• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri)
• Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa)
• Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp)
• Junta Central Electoral (JCE)
• Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd)
• Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed)

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que la información sobre estas deudas fue compartida por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), que sostuvo reuniones con las principales bancadas para promover la aprobación de la ley.

El Poder Ejecutivo tiene ahora un plazo máximo de cinco días para decidir si promulga la ley o presenta observaciones para modificarla, según lo establecido en el artículo 101 de la Constitución, debido a que fue aprobada mediante declaración de urgencia.