Congreso aprueba aumento de gasto y deuda para 2026: debate sobre el impacto real en el déficit fiscal

El Congreso Nacional aprobó una modificación al Presupuesto General del Estado de 2026 que incrementa el gasto público en RD$ 40,978.3 millones, elevando el presupuesto consolidado a RD$ 1.785 billones y autorizando nuevos financiamientos por US$ 465 millones para proyectos de inversión.

La reforma, aprobada este mes, ha generado un debate técnico sobre si el déficit fiscal se mantiene o aumenta realmente, dependiendo de la metodología utilizada para contabilizar los recursos que financian el gasto adicional.

Según la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, los recursos adicionales provienen de dos fuentes principales: RD$ 19,830.8 millones de mayores ingresos generados por la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico y RD$ 21,147.5 millones del balance neto de caja acumulado al cierre del ejercicio fiscal 2025.

El Ministerio de Hacienda sostiene que esta combinación permite financiar el incremento del gasto sin alterar la meta de déficit originalmente aprobada, la cual se mantiene en RD$ 280,575 millones, equivalente al 3.24 % del PIB.

Sin embargo, el economista Nelson Suárez cuestiona esta interpretación al aplicar la metodología de las estadísticas fiscales internacionales.

Suárez argumenta que los RD$ 21,147.5 millones provenientes del cierre presupuestario de 2025 no constituyen ingresos del ejercicio 2026, sino una fuente de financiamiento derivada de disponibilidades de caja acumuladas, y por lo tanto no pueden utilizarse para reducir artificialmente el déficit fiscal.

Bajo ese criterio, el déficit pasaría de RD$ 280,575.3 millones a RD$ 301,722.7 millones, un incremento de aproximadamente 7.5 % respecto al monto originalmente aprobado, lo que elevaría el déficit del 3.24 % al 3.48 % del PIB.

El análisis de Suárez muestra que los principales incrementos presupuestarios se concentran en seis instituciones, mientras que el Ministerio de Educación registra una reducción de RD$ 2,000 millones.

Paralelamente, el Congreso aprobó contratos de préstamos por US$ 465 millones, destinados principalmente a proyectos de infraestructura y programas de desarrollo, lo que el Gobierno justifica como necesario para acelerar inversiones prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado durante el segundo semestre del año.

Durante el debate legislativo, diputados de la Fuerza del Pueblo criticaron que la modificación se conociera bajo el procedimiento de urgencia y coincidiera con la aprobación de nuevos préstamos internacionales.

El diputado José David Báez señaló que antes de ampliar el gasto el Gobierno debía explicar el bajo nivel de ejecución de varias obras públicas ya financiadas, citando como ejemplo la construcción de la verja perimetral fronteriza, cuya ejecución rondaba apenas el 15 % pese a contar con partidas presupuestarias aprobadas.

La organización política también cuestionó el incremento del endeudamiento y pidió mayor transparencia sobre el uso de los nuevos recursos, recordando que cada modificación presupuestaria debe analizarse no solo por el monto del gasto, sino también por su efecto sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

La interpretación que prevalezca tendrá efectos distintos sobre la lectura de las cuentas fiscales: si se mantiene el criterio del Ministerio de Hacienda, el déficit no experimentaría variaciones; si se adopta la metodología de Suárez, el déficit aumentaría significativamente.