Colombia y República Dominicana acuerdan equipo conjunto contra trata de personas

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, firmaron un acuerdo para crear un equipo conjunto de investigación (ECI) destinado a combatir la trata de personas y otros delitos transnacionales. El anuncio fue realizado este domingo por la Fiscalía colombiana mediante un comunicado oficial.

El mecanismo, desarrollado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo. Este instrumento jurídico internacional permite a los países firmantes cooperar de manera estructurada en la lucha contra el crimen organizado.

El ECI facilitará el intercambio de información, evidencia física y elementos materiales probatorios entre las autoridades de ambos países, así como la coordinación de actuaciones investigativas y medidas procesales. Además, permitirá la formación de equipos especializados para atender casos concretos, compartir metodologías y fortalecer las capacidades de investigación judicial.

Un enfoque clave del acuerdo es la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque también aborda delitos como la corrupción y otros ilícitos económicos de naturaleza transnacional. Ambas autoridades destacaron que estos crímenes requieren respuestas coordinadas debido a su carácter transfronterizo.

"En delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación", destacó la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo.

Por su parte, la procuradora dominicana Yeni Berenice Reynoso afirmó que este acuerdo refleja un compromiso bilateral para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva frente a la delincuencia organizada. Señaló que la trata de personas constituye una alta prioridad para su gestión, ya que atenta directamente contra la dignidad humana y demanda una respuesta integral por parte de las instituciones estatales.

El ECI representa un avance significativo en la cooperación judicial entre Colombia y República Dominicana, alineado con los estándares internacionales de lucha contra el crimen organizado. Su implementación busca no solo mejorar la eficacia de las investigaciones, sino también contribuir a la prevención y judicialización de responsables de delitos que afectan a múltiples jurisdicciones.