Colegio de Cirujanos pide ajustar Código Penal para proteger acto médico

La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) solicitó al Congreso Nacional preservar la seguridad jurídica del acto médico dentro del nuevo Código Penal, proponiendo un equilibrio entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de los profesionales de la salud.

Los representantes de la entidad depositaron ante la Cámara de Diputados una propuesta para modificar disposiciones de la Ley 74-25, advirtiendo que ciertos artículos podrían generar incertidumbre en la práctica médica si no se aclaran las diferencias entre complicaciones inherentes, errores involuntarios y conductas con dolo o negligencia grave.

La organización aclaró que su planteamiento no busca privilegios ni espacios de impunidad, sino establecer un marco legal que distinga con precisión entre una actuación médica conforme a la lex artis y una conducta marcada por fraude, dolo o negligencia grave.

Entre las propuestas figura una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del Código Penal, prevista para el 3 de agosto, con el fin de abrir un período de discusión técnica para revisar las disposiciones que afectan el ejercicio de las profesiones de la salud.

También solicitaron incorporar expresamente que la responsabilidad penal de un profesional de la medicina solo proceda cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada, mientras que los casos derivados de errores involuntarios o riesgos propios del acto médico deberían ser conocidos mediante vías civil, administrativa o ética, según las circunstancias.

El doctor Luis Restituyo, presidente electo del CDC y quien encabezó la comisión que entregó las propuestas, advirtió que varios artículos de la legislación podrían generar inseguridad jurídica al no establecer adecuadamente esas diferencias, lo que podría incentivar la medicina defensiva, limitar la innovación científica, aumentar los costos de atención y afectar la calidad del servicio que reciben los pacientes.

"Esa situación podría incentivar el ejercicio de una medicina defensiva, limitar la innovación científica, aumentar los costos de atención y afectar directamente la calidad del servicio que reciben los pacientes", expresó Restituyo.

Definió la medicina defensiva como aquella en la que los profesionales ordenan estudios, tratamientos o procedimientos adicionales, o evitan intervenciones de mayor riesgo, principalmente para reducir su exposición a reclamaciones o procesos judiciales.

Restituyo reiteró la disposición de la organización de trabajar con el Congreso Nacional, el Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas, las autoridades sanitarias y otros sectores para construir un marco legal que fortalezca la relación entre médicos y pacientes.

"Estoy convencido de que proteger la vida y los derechos de los pacientes también implica brindar seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvarlas. Ese es el espíritu de esta propuesta y el compromiso que asumimos con la sociedad dominicana", manifestó.

La iniciativa fue suscrita por directivos electos, expresidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos y profesionales reconocidos como Maestros de la Cirugía Dominicana, entre ellos: José R. Domínguez Cabral, Rafael Nazario Lora, Darío A. de los Santos, José R. García Domínguez, Erick Pimentel Schaper, José Ramírez Feliz y Leonardo Brito Sánchez.

También firmaron la propuesta los doctores Heriberto Rodríguez Bonet, Rafael Estévez Reyes, Manuel Escarramán Meunier, Marcos Núñez Cuervo y Nicolás Rizik Cabral, así como Raúl Álvarez Sturlay y Eric Olivero Peña. Las sugerencias jurídicas y médicas fueron sustentadas por los doctores Luis Faringthon Reyes y Alejandro Santana Caraballo.