El Código Penal dominicano se aprueba sin las tres causales tras presión de grupos conservadores

El Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal dominicano sin incluir las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo, pese a las promesas de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el apoyo expreso del presidente Luis Abinader a dicha medida. La aprobación se produjo a finales de julio del año pasado y la ley fue promulgada el 3 de agosto, entrando en vigencia pocos días después.

El proceso legislativo estuvo marcado por un intenso debate que se remonta a la administración de Danilo Medina, cuando el Congreso, entonces liderado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aprobó inicialmente un Código Penal que incluía las tres causales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró esa versión irregular por vicios en el procedimiento legislativo, específicamente porque una de las cámaras no tuvo oportunidad de conocer y aprobar las modificaciones realizadas por la otra, lo que obligó a retroceder al Código Penal anterior.

Con el arribo del PRM al poder en 2020, el tema volvió al centro del debate público. El partido había prometido en su programa de gobierno aprobar las tres causales en el Código Penal, y figuras femeninas del PRM fueron explícitas en respaldar ese reclamo. El presidente Abinader se declaró públicamente a favor de la medida, al igual que sus hijas, pero los legisladores oficialistas terminaron aprobando un texto que excluía las causales y, además, endurecía las penas para ciertos delitos.

Entre las disposiciones más controvertidas del Código Penal aprobado figura un aumento de la sanción para médicos que asisten a mujeres que llegan a centros de salud con abortos iniciados, una medida que fue fuertemente criticada por el Colegio Médico Dominicano y otras sociedades médicas especializadas, que pidieron públicamente la inclusión de las tres causales. Organizaciones de izquierda, movimientos de la sociedad civil y organismos internacionales también se manifestaron a favor de la medida, pero sus voces no fueron tenidas en cuenta en la votación final.

Tras la promulgación, surgieron reacciones en redes sociales y movimientos ciudadanos que cuestionaron la ley, particularmente por supuestas restricciones a la libertad de expresión, el manejo de información y la protección de la privacidad. Algunos influencers y usuarios de plataformas digitales señalaron que el texto incluía sanciones duras por libertinaje en la opinión, chantaje, extorsión y vulneración de datos personales de funcionarios y particulares.

Estas críticas llevaron a movilizaciones públicas, incluyendo una concentración de aproximadamente 200 personas en la Plaza de la Bandera, donde se expresaron reclamos y se dirigieron insultos contra funcionarios y el gobierno. Ante la presión, el presidente Abinader aceptó reunirse con los principales críticos y acordó elaborar una modificación al Código Penal antes de su entrada en vigencia, aunque finalmente la ley se mantuvo tal como fue aprobada.

Analistas y observadores han interpretado este episodio como una muestra de debilidad institucional, señalando que el gobierno cedió ante grupos de presión conservadores, incluyendo sectores de Fuerza del Pueblo, la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y agrupaciones de derecha, pese al apoyo técnico y social a las tres causales. La falta de cambios sustanciales entre las propuestas iniciales y el texto final ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y si se trató de una maniobra política más que de un debate legislativo genuino.