Clínicas ilegales: Salud Pública interviene 1,493 centros desde 2021 tras muerte de joven
Tras la muerte de una joven por una liposucción en una clínica ilegal, Salud Pública revela que ha intervenido 1,493 centros no autorizados desde 2021.
Ana María Guzmán
Editora de Salud
La muerte de Rebeca Brizar, una joven de 27 años tras una liposucción realizada en un centro no autorizado, ha puesto nuevamente en el centro del debate el problema persistente del intrusismo médico en la República Dominicana. El incidente ocurrió en la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en el sector Alma Rosa I, Santo Domingo Este, donde el procedimiento fue realizado por una persona cuya profesión era barbero y que actuaba como ayudante de un médico, sin las acreditaciones necesarias para ejercer funciones sanitarias.
El centro no estaba habilitado para realizar cirugías estéticas y operaba de forma clandestina, según declaró Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista en el programa El Día. Mesa describió las instalaciones como "muy precarias" y señaló que, al ver las condiciones externas, decidió retirarse inmediatamente al acudir como paciente en otra ocasión.
Tras el fallecimiento de Rebeca, el Ministerio de Salud Pública ordenó la clausura del establecimiento. Sin embargo, la medida llegó tarde para evitar que tres niños quedaran huérfanos y para impedir que una familia más se sumara a las víctimas de prácticas médicas ilegales en el país.
Este caso no es aislado. Según datos oficiales proporcionados por el mismo funcionario, desde octubre de 2021, las autoridades sanitarias han intervenido o clausurado 1,493 establecimientos de salud por incumplir las normas de habilitación. Esta cifra refleja la magnitud del ejercicio irregular en el sector salud dominicano.
Las principales infracciones detectadas incluyen: operar sin licencia de habilitación, ofrecer servicios fuera de la cartera autorizada y permitir que personas sin acreditación ejerzan funciones propias de médicos, enfermeros u otros profesionales de la salud. Según Mesa, las provincias con mayor cantidad de intervenciones son Santo Domingo y Santiago.
El funcionario explicó que las medidas sanitarias pueden ser temporales o definitivas. En los casos de cierre definitivo, el Ministerio emite una resolución a través de su Dirección Jurídica, la cual se publica en el portal de libre acceso a la información de la institución. "Los cierres son importantes porque reducen los actos ilegales, pero lo más relevante es que están generando conciencia en el sector sobre las consecuencias de violar la ley", afirmó Mesa, destacando el enfoque transparente y diáfano del trabajo institucional.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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