CIC exige al Congreso fiscalizar Ley 16-26 mientras CODIA retira veedores técnicos

El Comité Institucional Codiano (CIC) llevó sus reclamos directamente al Congreso Nacional este viernes, depositando comunicaciones formales ante los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para exigir una mayor fiscalización en la ejecución de la Ley 16-26, norma aprobada para atender reclamaciones históricas de contratistas del Estado dominicano.

La acción se produjo en medio de señales de alerta sobre el avance del proceso, que el CIC describe como marcado por lentitud, falta de información e incertidumbre. Según el comité, estas condiciones han motivado la movilización de decenas de contratistas que se congregaron frente al Palacio del Congreso para respaldar las solicitudes presentadas.

Encabezaron la jornada el arquitecto Emiliano Familia, presidente en funciones del CIC, y el ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del mismo organismo. Ambos sostuvieron que la responsabilidad del Poder Legislativo no concluye con la aprobación de una ley, sino que incluye el deber de vigilar su correcta implementación.

"El Congreso aprobó esta ley y tiene ahora la responsabilidad de vigilar su cumplimiento. La función legislativa no termina con la aprobación de una legislación; también corresponde comprobar que sus disposiciones sean ejecutadas".

— Emiliano Familia, arquitecto

El CIC fundamenta su petición en la facultad constitucional de fiscalización que corresponde al Poder Legislativo, argumentando que, como creador del marco legal, el Congreso tiene la obligación de verificar que la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 actúe con celeridad y transparencia. La solicitud incluye que los legisladores convoquen a los responsables, requieran informes y, de ser necesario, intervengan para destrabar un proceso que, según el CIC, avanza con opacidad.

Conflicto interno en CODIA por remoción de veedores técnicos

Paralelamente a la presión sobre el Congreso, el CIC enfrenta un conflicto interno tras la decisión del nuevo presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el arquitecto George Richardson, de dejar sin efecto las designaciones del arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Nelson Colón como veedores gremiales ante la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26.

La medida sorprendió al CIC, que apenas el lunes anterior había solicitado formalmente a Richardson que ratificara esas designaciones, precisamente por el conocimiento acumulado de ambos profesionales sobre la ley, sus antecedentes, el protocolo operativo y las reclamaciones en curso.

"Estamos defendiendo la necesidad de que el CODIA tenga ante la Comisión Ejecutora una representación técnica, independiente, activa y profundamente conocedora de los expedientes y de la lucha sostenida durante años por los contratistas".

— Miguel Liberato, ingeniero

Según el CIC, los veedores cumplen un rol esencial como ojos del sector profesional dentro del proceso de ejecución: verifican el cumplimiento de procedimientos, el avance de expedientes y la representación técnica de los intereses de los contratistas. Su remoción en medio del proceso, argumenta el comité, debilita la capacidad de control independiente justo cuando más se necesita.

El comité anunció que solicitará formalmente la reconsideración de la medida y la ratificación de Familia y Colón, apelando a la continuidad institucional y al dominio técnico que ambos han demostrado durante años de seguimiento al proceso.