CIC denuncia retrasos en aplicación de Ley 16-26 y exige transparencia en pagos a contratistas

El Comité Institucional Codiano (CIC) denunció este miércoles los retrasos significativos en la aplicación de la Ley 16-26, tras cumplirse tres meses de su promulgación, advirtiendo que cientos de contratistas de obras estatales permanecen sin información oficial sobre el cronograma de pagos ni el avance del proceso de ejecución.

Según explicó Miguel Liberato, vocero del CIC, la Comisión Ejecutora había anunciado la realización de reuniones ordinarias cada 15 días para dar seguimiento a la implementación de la norma, pero han transcurrido más de tres semanas desde el primer encuentro sin que se conozca si se celebró una segunda reunión ni qué decisiones se adoptaron en ella.

"El silencio institucional comienza a convertirse en una seria preocupación", manifestó Liberato, quien además cuestionó que los veedores contemplados en el artículo 16 de la Ley 16-26 aún no hayan sido incorporados formalmente a las reuniones de la Comisión Ejecutora, pese a que dicha figura fue creada precisamente para garantizar la transparencia y el seguimiento permanente del proceso.

El dirigente aseguró que el CIC ha agotado los canales institucionales disponibles para obtener respuestas, habiendo remitido múltiples comunicaciones con observaciones y propuestas a la Comisión Ejecutora, así como solicitado el acompañamiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Defensor del Pueblo y el Congreso Nacional.

Asimismo, recordó que los contratistas realizaron recientemente una protesta pacífica frente al Ministerio de Hacienda para reclamar información sobre el inicio efectivo de la implementación de la ley, cuya demora afecta particularmente a personas de edad avanzada, familias que llevan años esperando una solución, colegas con enfermedades graves y personas con discapacidad.

"Existen colegas con enfermedades de gravedad, personas con discapacidad y familias de profesionales fallecidos que esperaron durante años una solución", enfatizó Liberato, subrayando el impacto humano del retraso en la aplicación de la norma.

Ante esta situación, el CIC exhortó al presidente y los integrantes de la Comisión Ejecutora a: informar públicamente sobre el estado de ejecución de la Ley 16-26, convocar formalmente a los veedores, cumplir con la periodicidad anunciada de las reuniones y publicar un cronograma detallado con fechas para la revisión de expedientes y el inicio de los desembolsos.

Finalmente, el gremio advirtió que continuará dando seguimiento al proceso y utilizará todos los mecanismos institucionales disponibles para denunciar cualquier nuevo retraso o falta de transparencia en la aplicación de la Ley 16-26.