Chile debate medidas punitivas contra jóvenes en medio de aumento de violencia escolar

El gobierno de José Antonio Kast impulsa una serie de iniciativas orientadas a endurecer el enfoque frente a la delincuencia juvenil, priorizando medidas punitivas sobre estrategias preventivas que aborden las causas estructurales de la violencia en establecimientos educativos.

El 2 de junio, la mayoría derechista en el Congreso Nacional aprobó la ley de Escuelas Protegidas, que incluye la instalación de pórticos detectores de metales en los ingresos de colegios y liceos. Aunque su entrada en vigor dependerá de la publicación del reglamento correspondiente, se espera que esté operativa a partir del próximo curso escolar, que comenzará en marzo de 2027.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos de la ley, entre ellos la revisión policial de mochilas sin orden judicial previa, la restricción de la gratuidad universitaria a estudiantes acusados de delitos y la prohibición de ciertas prendas de vestir en los establecimientos.

Paralelamente, legisladores oficialistas impulsan un proyecto para reducir la edad de imputabilidad judicial de 14 a 13 años, mientras el gobierno anunció la creación de un registro de vándalos que sancionará con la pérdida de beneficios sociales a quienes cometan incivilidades o actos de vandalismo.

Críticas por enfoque punitivo y potencial discriminatorio

Organizaciones estudiantiles y académicos advierten que estas medidas afectan desproporcionadamente a jóvenes de sectores populares, quienes podrían perder acceso a beneficios sociales y educativos, mientras que estudiantes de clases media y alta enfrentarían menos consecuencias por conductas similares.

Laura Mlynarz, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, declaró a IPS que «las únicas políticas planteadas en estos meses van en la línea de criminalizar al movimiento estudiantil, segregar, penalizar, bajar la edad de imputabilidad, restringir la libertad de expresión y de organización» y añadió que el gobierno «presenta a los jóvenes como responsables de la crisis de seguridad, sin abordar el rol del crimen organizado, el narcotráfico o las redes de colusión».

En el mismo sentido, Catalina Droppelmann, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y directora del Centro Justicia y Sociedad, señaló que las iniciativas tienen un enfoque punitivo que «sanciona y aleja» a jóvenes que ya enfrentan «pocas oportunidades, trastornos de salud mental, ideación suicida y baja proyección de futuro».

Según Droppelmann, el registro de vándalos «estigmatiza adicionalmente» a jóvenes por conductas ya penadas por ley y «profundece procesos de exclusión preexistentes», simbolizando «el poco reconocimiento del Estado de estos jóvenes como ciudadanos dignos de protección social».

Visión alternativa: la violencia escolar como síntoma de problemas estructurales

Para Ximena Gauché, doctora en derecho y académica de la Universidad de Concepción, en la mayoría de los casos los jóvenes no son autores sino víctimas de delitos graves. Desde Concepción, explicó que la violencia en liceos responde a contextos complejos, incluyendo «familias violentas, ausencia de espacios de amor o acogida, carencia de bienes y servicios esenciales para el desarrollo y bienestar cotidiano, y falta de recursos en muchos establecimientos educacionales».

Estas afirmaciones se alinean con el diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez, que reveló un aumento del 46,4% (equivalente a 28.969 casos) en los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes entre 2019 y 2025, solo en el último año registrado.

Las autoridades sostienen que es urgente legislar frente a la violencia escolar, pero los críticos insisten en que cualquier respuesta debe incluir a las comunidades educativas en el diseño de políticas y priorizar la prevención, la reparación y el acceso a oportunidades sobre la criminalización.