Chile conmemora 53 años del golpe de Estado sin actos oficiales del gobierno

Chile conmemoró este 11 de septiembre los 53 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, pero esta vez sin actos oficiales por parte del gobierno, una decisión inédita desde el retorno de la democracia que generó amplio debate político y social.

El presidente José Antonio Kast, reconocido por su postura favorable al régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), optó por no encabezar ceremonias conmemorativas y en su lugar mantuvo una agenda de trabajo en regiones, alejándose de Santiago en una fecha históricamente cargada de simbolismo para el país.

Reacción de la oposición y organizaciones de derechos humanos

La ausencia de actos oficiales fue criticada por diversos sectores de la oposición, quienes señalaron que el presidente tiene la responsabilidad de honrar la memoria histórica del país. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), declaró que Kast "tiene que saber y reproducir que el lugar donde él vive (La Moneda), donde él gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas".

Por su parte, Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio y diputada, enfatizó que "hay algo que no admite dos lecturas: nada justifica torturar, asesinar ni hacer desaparecer a una persona", y añadió que "en Chile lo hicieron agentes del Estado, por eso el Estado no tiene derecho a olvidar".

En respuesta, la oposición y la Fundación Salvador Allende anunciaron un acto conmemorativo en el Cementerio General de Santiago, que se sumó a cientos de homenajes realizados en distintas localidades del país.

Preocupaciones por retrocesos en derechos humanos y memoria histórica

La decisión del gobierno coincide con otros factores que han generado preocupación en materia de derechos humanos. Se mencionó un recorte presupuestario cercano al millón de dólares en el programa encargado de la búsqueda de detenidos desaparecidos, así como la evaluación de posibles indultos a criminales de lesa humanidad.

Paulina Zamorano, abogada y exencargada nacional del Plan de Búsqueda, advirtió sobre un "silencioso desmantelamiento de las instituciones de derechos humanos vinculadas a la justicia transicional" y un "grave retroceso en materia de memoria". Junto a la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando un seguimiento reforzado a la situación en Chile.

Zamorano también alertó sobre amenazas al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), luego de que el Ministerio de Hacienda recomendara su disolución.

Debate sobre indultos a responsables de violaciones a los derechos humanos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de conceder indultos a criminales de lesa humanidad o a policías condenados por apremios ilegítimos durante las protestas de 2019, indicando que cada solicitud sería evaluada "caso a caso".

Este contexto se enmarca tras la reciente liberación de César Manríquez, exagente de la policía política de Pinochet, condenado por la desaparición forzada de 86 personas, torturas sistemáticas y una ejecución. Manríquez, quien acumula 57 sentencias por persecución y asesinato de opositores políticos, fue beneficiado por un fallo dividido de la Corte Suprema que aceptó su liberación bajo el argumento de "enajenación mental", sin la participación del Programa de Derechos Humanos en el proceso.

La falta de intervención de dicho programa en solicitudes de beneficios carcelarios ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de dejar a los representantes de las víctimas sin apoyo técnico en procesos judiciales sensibles.