Carlos Pimentel justifica su ausencia como testigo por misión oficial en el extranjero

Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), explicó este martes las razones de su ausencia como testigo en el juicio de fondo contra Hugo Beras, Jochy Gómez y otros implicados en el caso Intrant, señalando que su inasistencia se debió a una misión institucional oficial previamente autorizada en el extranjero.

Según indicó a través de su cuenta en la red social X, la fecha de la audiencia coincidió con su participación en la 20.ª Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), donde representó a la República Dominicana y a la DGCP, además de intervenir como panelista. Pimentel aseguró que se trató de un compromiso asumido con antelación, cuya agenda se solapó con el horario de la audiencia judicial.

"Por esa razón, comuniqué oportunamente esta circunstancia al Tribunal", expresó el funcionario.

Agregó que el pasado 7 de agosto depositó formalmente ante el tribunal una comunicación adjuntando la invitación oficial y la agenda de la conferencia, con el fin de documentar debidamente el carácter institucional de su compromiso y justificar su ausencia.

Pimentel reiteró su disposición plena de colaboración con la justicia, destacando que su actuar en procesos vinculados a investigaciones de corrupción ha sido siempre de transparencia, responsabilidad y cooperación. Afirmó que mantendrá esa misma actitud en este caso y estará presente en todas las instancias donde se requiera su participación.

"Estaremos presentes en todas las instancias en las que se requiera nuestra participación, aportando la información y testimonios que correspondan y contribuyendo al pleno esclarecimiento de los hechos", sostuvo.

Finalmente, subrayó que el ejercicio de la función pública exige seriedad y coherencia, y que, mientras cumple con sus funciones oficiales fuera del país, atenderá los requerimientos judiciales cuando corresponda, con el mismo compromiso de siempre.

Desarrollo del caso Intrant y decisiones judiciales recientes

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, aplazó la audiencia del proceso contra los imputados para el próximo 3 de septiembre de 2026, debido a que dos acusados carecían de representación legal o habían cambiado su defensa técnica.

Asimismo, el tribunal dictó orden de conducencia contra aquellos testigos que fueron notificados y no se presentaron en la audiencia. Sin embargo, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar aclaró que dicha medida solo aplicó a los testigos presentados por las defensas, y no a los del Ministerio Público, quienes fueron correctamente notificados y asistieron o presentaron excusas válidas.

"A los testigos del Ministerio Público no se les dictó orden de conducencia. El Ministerio Público se hizo cargo de los que no estuvieron presentes, porque tenían excusas y los que estuvieron presentes quedaron convocados. No hay conducencia", explicó Pérez Fulcar.

El funcionario adelantó que en la próxima audiencia presentarán sus alegatos de apertura y los testigos necesarios para demostrar la culpabilidad de cada uno de los imputados en el caso de corrupción administrativa.

Los procesados, enviados a juicio en junio por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Entre ellos figuran:

• Hugo Beras, exdirector del Intrant
• Jochy Gómez, empresario propietario de Aurix S.A.S.
• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant
• Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant
• Carlos José Peguero Vargas
• Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso

También fueron incluidos en el proceso las personas jurídicas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según la acusación, esta red criminal estuvo integrada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando sus cargos o conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad en la contratación pública.

Su accionar se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el objetivo de controlar el proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular de un contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00 a favor de empresas vinculadas a la red.