Camipe propone trazabilidad del 5% de aportes mineros a comunidades

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) planteó una propuesta para modernizar la Ley Minera No. 146-71, con el objetivo de garantizar que el 5% de los aportes obligatorios de las empresas mineras a las comunidades sea verificable, trazable y orientado al desarrollo territorial. La iniciativa busca corregir la percepción de que, aunque las empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, los recursos no llegan de forma efectiva a las zonas de extracción.

Según Pedro Esteva, presidente del Consejo de Directores de Camipe, y Martín Valerio, director ejecutivo de la entidad, el sector reconoce que desde 2016 el país implementa el Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), que permite auditar los pagos de las empresas y los ingresos reportados por el Estado. Sin embargo, señalaron que el dinero no se dirige adecuadamente al desarrollo de las provincias mineras, sino que se absorbe en el gasto corriente o se usa de forma discrecional por el Gobierno central.

Durante una visita a Listín Diario en junio de este año, Valerio explicó que existen alrededor de cuatro auditorías independientes que confirman que los pagos mineros son recibidos por el Estado, pero el desafío está en asegurar que esos fondos lleguen a las comunidades. Agregó que muchas empresas ya ejecutan programas sociales adicionales más allá de lo exigido por ley, pero se necesita un marco institucional que garantice equidad y seguimiento.

La propuesta de Camipe incluye un modelo de gobernanza para el 5% basado en siete ejes: planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana. El objetivo es que estos recursos financien proyectos estructurales como infraestructura, acceso a salud, formación técnica y profesional, y otros que eleven la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.

Valerio enfatizó que las empresas no solo deben afirmar que "pagan el impuesto", sino que deben participar activamente en decidir cómo se aplica el dinero para mejorar las comunidades y dejar un legado para las futuras generaciones. Asimismo, destacó que una ley moderna no se mide por la cantidad de artículos, sino por su aplicabilidad efectiva, y que la reforma debe incluir mayor claridad en los objetivos de la norma, delimitación de funciones institucionales, protección ambiental y principios de seguridad jurídica y debido proceso.

La Camipe, que agrupa a 44 empresas del sector minero y petrolero, considera que la explotación de recursos debe dejar frutos tangibles en las comunidades, y que la trazabilidad del 5% fortalecería la credibilidad tanto de las empresas como del Estado ante la ciudadanía y los organismos de control internacional.