Cámara de Cuentas restringe acceso a auditorías con requisitos de correo y clave

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha implementado nuevos requisitos para acceder a sus informes de auditoría, generando preocupación sobre su compromiso con la transparencia y el derecho ciudadano a la información pública. La medida, que exige correo electrónico, clave de seguridad y formularios digitales, contradice la naturaleza de un órgano creado para fiscalizar y rendir cuentas.

Según la nueva disposición, los ciudadanos deben introducir un correo electrónico, una clave de seguridad y completar formularios digitales para consultar las auditorías realizadas a instituciones estatales. Al menos tres periodistas del periódico Acento intentaron descargar el informe de auditoría financiera del Senado de la República (2020-2024) pero no pudieron acceder debido a las trabas establecidas por la propia CCRD, recibiendo el mensaje: "No tiene permisos suficientes para acceder a los archivos de esta categoría".

El problema trasciende lo tecnológico y se vuelve institucional, ya que la CCRD traslada al ciudadano la carga de superar procedimientos que ella misma debería simplificar. Exigir verificaciones digitales y pasos adicionales funciona como una barrera, particularmente para quienes carecen de internet estable, equipos adecuados o conocimientos técnicos para manejar esas plataformas.

La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que la información del Estado pertenece a la ciudadanía y debe estar disponible de manera clara, oportuna y accesible. Cualquier mecanismo que retrase, condicione o dificulte la consulta de informes de auditoría contradice el espíritu de esa normativa y debilita la confianza en la institución encargada de vigilar el buen uso de los fondos públicos.

Resulta particularmente cuestionable que el órgano de control externo de los recursos del Estado imponga obstáculos para acceder a las auditorías que realiza a instituciones centralizadas, autónomas, descentralizadas y a otros poderes públicos. En lugar de facilitar la fiscalización social, la CCRD introduce requisitos que reducen la posibilidad de que la población conozca, sin intermediarios ni trabas, los resultados de su trabajo.

La Cámara de Cuentas no puede conformarse con anunciar que existen auditorías mientras dificulta el acceso a su contenido completo. Su papel no es administrar la transparencia como si fuera una concesión, sino garantizarla como una obligación pública. Cada requisito innecesario debilita la rendición de cuentas y limita la capacidad de la sociedad para vigilar a quienes manejan dinero del Estado.

Para ser coherente con su misión, la CCRD debe eliminar las trabas que impiden a periodistas, ciudadanos e investigadores consultar las auditorías con facilidad. La transparencia no se proclama; se demuestra con hechos. En este caso, la institución debe explicar por qué un órgano creado para fiscalizar termina imponiendo condiciones que hacen más difícil conocer los resultados de su propia labor.

El jueves 27 de agosto, la Cámara de Cuentas publicó en su portal el informe de auditoría financiera del Senado de la República. Sin embargo, al intentar acceder al documento, los usuarios se encuentran con varias barreras digitales, como la exigencia de introducir un correo electrónico, una clave de seguridad, autenticar datos y cumplir otros requisitos que, lejos de facilitar la consulta, terminan impidiendo el acceso efectivo a la información.