Cámara de Cuentas detecta contratos por RD$402.6 millones y expedientes incompletos por RD$144 millones en el Senado

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) identificó graves deficiencias en la gestión administrativa y contractual del Senado de la República durante el período 2020-2024, según un informe de auditoría que reveló contratos por un total de RD$402.6 millones con recepciones fuera de plazo y expedientes incompletos por más de RD$144 millones.

La investigación abarcó las gestiones del exsenador Rafael Eduardo Estrella (2020-2023) y del actual presidente del Senado, Ricardo De los Santos Polanco, quien asumió el cargo en agosto de 2023. El informe técnico señala que las fallas no se limitan a omisiones formales, sino que afectan la capacidad del órgano legislativo para documentar procesos, supervisar contrataciones y proteger áreas sensibles de su operación institucional.

Expedientes contractuales con documentación incompleta

El primer hallazgo se centra en cinco expedientes de contratación que carecían de documentos esenciales, con un monto total de RD$144 millones. Estos procesos incluyeron el remozamiento de baños, la construcción de un comedor para empleados, la habilitación de un salón para eventos especiales, la adquisición de ascensores y la contratación de una plataforma integrada de gestión financiera, administrativa, de nómina y régimen fiscal.

Los montos individuales variaron entre RD$11.2 millones y RD$79.6 millones. Entre los documentos no localizados se encuentran garantías de seriedad de la oferta, garantías de anticipo, garantías de fiel cumplimiento, informes periciales y certificaciones Mipyme.

Según la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, estas ausencias debilitan la posibilidad de verificar si las actuaciones se ajustaron al marco legal, ya que la documentación es esencial para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios de igualdad y libre competencia.

Retrasos en la recepción de obras y servicios

Otro capítulo crítico del informe revela que seis contratos tuvieron recepciones de obras, bienes o servicios después de la fecha de vigencia pactada, con atrasos que oscilaron entre 33 y más de 400 días. El monto total de estos contratos asciende a RD$402.692.376.

Entre los casos más destacados:

• El remozamiento de baños fue recibido 33 días después del plazo.
• La construcción del comedor de empleados, 118 días tarde.
• El sistema fotovoltaico, 122 días después de la fecha prevista para su recepción en almacén.
• Los equipos y electrodomésticos para la cocina del comedor, 161 días fuera de plazo.
• El parqueo soterrado tuvo recepción provisoria 233 días después de vencida la vigencia contractual.
• El contrato SEN-297-2024, relativo al salón VIP, acumuló 400 días de retraso.

En algunos casos, además, no se encontró el acta de recepción definitiva, un documento clave para cerrar formalmente las obligaciones contractuales.

Ante estas observaciones, el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento respondió el 11 de diciembre de 2025, mediante una comunicación firmada por Ramón Novo, secretario general administrativo, indicando que los retrasos se debieron a demoras propias de la ejecución y a inconvenientes no previstos en la planificación inicial.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas advierte que al vencerse los plazos sin el soporte jurídico correspondiente, los trabajos quedan expuestos a cuestionamientos sobre su validez contractual, además de afectar la planificación institucional, la disponibilidad de servicios y los costos asociados a los proyectos.

Respuesta del Senado y medidas correctivas

El Senado respondió al informe el 17 de junio de 2026, mediante comunicaciones firmadas por el actual presidente, Ricardo de los Santos, y el expresidente Eduardo Estrella. En ellas, indicaron que la institución acogió las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y adoptó nuevas medidas de control interno.

La principal medida citada fue exigir la verificación previa en el Registro de Proveedores del Estado antes de formalizar cualquier contratación de bienes, servicios u obras, con el objetivo de reforzar los principios de igualdad, libre competencia y transparencia establecidos en la Ley 340-06 y su reglamento.

El informe también señala que, en el frente tecnológico, el Senado no contaba con una herramienta centralizada para la gestión de contratos y seguimiento de expedientes, lo que contribuyó a las deficiencias detectadas.