Camacho advierte a médicos sobre riesgos penales por prestar códigos tras caso SeNaSa

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales para facturación o gestión de servicios de salud, advirtiendo que dicha práctica puede comprometerlos en un proceso penal. El llamado se realizó tras la conocida de medidas de coerción contra los imputados en el caso SeNaSa 2.0, investigado por presuntas irregularidades y fraude en perjuicio de los afiliados del seguro estatal.

"Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos. Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal", advirtió Camacho. El funcionario sostuvo que, según la investigación, 22 médicos fueron procesados en este caso y afirmó que, de no haberse prestado los códigos profesionales, el caso no se habría producido en la forma investigada por el órgano acusador.

"Debemos tomar esta experiencia como base para que se realice una campaña que le diga a los médicos que no deben prestar sus códigos", agregó. Camacho también calificó como razonable la decisión del tribunal, que privó de libertad a la mayoría de los imputados.

Medidas de coerción impuestas

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los imputados, quienes deberán cumplir la medida en centros penitenciarios.

Entre los hombres enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras están: Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación. Las mujeres Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

El tribunal también dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.

A otro grupo de médicos, además del arresto domiciliario, se les impuso impedimento de salida del país y garantías económicas. Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía fue fijada en RD$2 millones. A la médica Martha María Saldaña, se le impuso una garantía de RD$3 millones, además del arresto domiciliario y el impedimento de salida.

Para los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré, el tribunal estableció una garantía económica de RD$1 millón, con presentación periódica e impedimento de salida del país. El juez otorgó un plazo de siete días para el pago efectivo de las garantías; de no cumplirse, los imputados serían trasladados a centros penitenciarios.

Contexto de la investigación

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los procesados en el caso Cobra 2.0-A están vinculados a delitos como asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología (incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

La investigación está relacionada con presuntas maniobras fraudulentas contra SeNaSa y sus afiliados. El Ministerio Público había solicitado inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados. Camacho dejó claro que la decisión judicial sobre las medidas de coerción no supone el cierre de las investigaciones sobre SeNaSa: "La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más".