Aplazan juicio por caso Intrant por falta de representación legal de empresa imputada

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 22 de septiembre el inicio del juicio de fondo en el caso conocido como Camaleón, vinculado a una presunta red de corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La decisión fue tomada por mayoría de votos tras constatarse que Inprosol, S.R.L., una de las empresas imputadas, no contaba con representación legal durante la audiencia.

Las magistradas habían ordenado previamente a la Defensoría Pública asumir la defensa técnica de Inprosol, pero la institución no se presentó al argumento de que no le corresponde representar a personas jurídicas. Esta situación se sumó al reciente cambio de abogado de uno de los procesados, cuya nueva defensa alegó no haber tenido acceso al volumen de pruebas digitales que forman parte del expediente.

La abogada Laura Acosta, representante del exdirector del Intrant, Hugo Beras, afirmó que el tribunal había dispuesto expresamente que la Defensoría Pública asumiera la representación de Inprosol debido a su falta de defensa, pero que la institución no respondió desde el 20 de agosto. Según Acosta, este incumplimiento provocó el aplazamiento, pese a la oposición del Ministerio Público y de los abogados defensores.

Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sostuvo que la negativa de la Defensoría Pública podría constituir un desacato conforme al Código Penal vigente. Indicó que el Ministerio Público solicitó al tribunal advertir a la institución estatal y procurar que envíe un defensor a la próxima audiencia.

Durante la jornada también compareció Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, citado como testigo por el Ministerio Público. Pimentel formalizó su registro en el proceso y declaró que permanecerá a disposición del tribunal para declarar cuando las juezas lo requieran, sin ofrecer detalles a la prensa sobre su eventual testimonio.

Entre los principales procesados figuran Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), a quien el Ministerio Público señala como eje de un supuesto esquema societario, financiero y operativo. También están acusados los exfuncionarios Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, además de Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

El expediente incluye a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., las cuales, según la acusación del Ministerio Público, habrían sido utilizadas para adjudicar contratos presuntamente irregulares, desviar fondos públicos y realizar operaciones de lavado de activos.