Aplazan audiencia contra militar acusado de violencia de género y trata de personas

El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el 2 de octubre la audiencia contra el segundo teniente del Ejército Orlando Ramírez Medina, quien enfrenta cargos por violencia de género, intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja, una ciudadana venezolana.

La procuradora adjunta María del Carmen de León, del equipo litigante del Ministerio Público, explicó que el aplazamiento se debió a falta de quórum, ya que solo asistió una de las tres juezas que integran el tribunal colegiado. "Es un tribunal colegiado y solo vino una jueza, entonces ella reenvió para el 2 de octubre el conocimiento de esta causa", declaró a periodistas tras la diligencia.

Este nuevo aplazamiento se suma a una serie de retrasos que han marcado el proceso, que lleva aproximadamente seis años en curso. En la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima no fue trasladada al tribunal, lo que también impidió su realización. En esa ocasión, la audiencia había sido reprogramada para el 27 de julio, pero los jueces se inhibieron alegando haber conocido previamente un caso relacionado con la víctima.

"El Ministerio Público está listo para conocer su acusación. Siempre estamos listos; ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros", afirmó la procuradora adjunta De León, subrayando la disposición del equipo fiscal para avanzar en el juicio.

El caso involucra múltiples episodios de agresión física, verbal y psicológica contra la víctima. Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) del 13 de noviembre de 2019, Ramírez Medina le causó múltiples traumas en el antebrazo y pierna derecha durante un ataque en su residencia en el sector Hazim de San Pedro de Macorís.

Durante la investigación, se documentaron lesiones adicionales en la región parietal del cráneo, ambos brazos, tórax posterior, así como pérdida de uñas en los dedos índice y mayor de la mano derecha. Evaluaciones psicológicas revelaron altos niveles de ansiedad y depresión, incluyendo tensión constante, irritabilidad, trastornos del sueño y preocupación por su salud.

El Ministerio Público también estableció, mediante registros de la investigación, que la víctima fue objeto de trata de personas. Según las autoridades, Ramírez Medina la contactó a través de redes sociales, facilitó su ingreso al país y luego la explotó laboralmente, abusando de su vulnerabilidad y poder para establecer una relación servil, limitando su libertad de movimiento y derecho a la intimidad.

El equipo acusador está integrado por la procuradora adjunta María del Carmen de León, la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y la fiscal América Ramírez, en representación de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.

El Ministerio Público ha denunciado que el acusado ha utilizado tácticas dilatorias recurrentes para obstaculizar el proceso judicial, lo que ha contribuido a la prolongación del caso por varios años.