ANJE apoya extender a 24 meses la vigencia de la responsabilidad penal para empresas

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) anunció su respaldo al proyecto de ley que busca ampliar a 24 meses el plazo de entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas, contemplado en el nuevo Código Penal y actualmente en trámite en el Senado de la República.

La iniciativa, presentada por el legislador Rafael Barón Duluc Rijo, responde a una de las principales advertencias que ANJE ha planteado desde 2025: la necesidad de un régimen diferenciado y proporcional para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), cuyo plazo actual de adaptación de solo tres meses —que vence el próximo 5 de noviembre— resulta insuficiente para asumir eficazmente los costos y requisitos del nuevo estándar de cumplimiento.

Según la directiva de ANJE, presidida por Boris De León Reyes, es urgente que las instituciones del sistema de justicia y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) desarrollen modelos de cumplimiento y programas de formación adaptados al tamaño, actividad y nivel de riesgo de cada empresa, particularmente en lo referente a los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley núm. 44-26, cuya entrada en vigencia está pautada para el 5 de noviembre del presente año.

"Las empresas dominicanas no buscan evadir este nuevo régimen: queremos cumplirlo, pero hacerlo con más certeza jurídica. La norma penal debe ser precisa e inequívoca, y su aplicación exige reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación. Este proyecto es la oportunidad de hacerlo correctamente, y desde ANJE lo apoyamos con convicción"

ANJE instó al Congreso Nacional a priorizar el debate y aprobación de esta iniciativa antes del vencimiento del periodo de vacatio legis establecido por la Ley núm. 44-26, con el objetivo de evitar un incumplimiento generalizado en el sector productivo nacional.

Además, el gremio empresarial sugirió aprovechar el periodo de prórroga para abrir un diálogo intersectorial que permita realizar ajustes normativos orientados a garantizar mayor seguridad jurídica y una implementación ordenada del régimen penal corporativo en el país.