Inclusión financiera en República Dominicana: avances y brechas persistentes

La Superintendencia de Bancos de República Dominicana publicó la segunda edición del informe Hacia un Sistema Financiero Inclusivo y Sostenible, que analiza el acceso de los sectores vulnerables al sistema financiero nacional. El estudio, realizado por el Departamento de Innovación e Inclusión Financiera, busca identificar brechas y orientar políticas públicas para mejorar la equidad en el acceso a servicios bancarios.

Las mujeres representan el 48% de las personas con crédito en el país, reflejando una participación significativa en el sistema financiero. Sin embargo, solo el 14% de las entidades financieras ofrece productos diseñados específicamente para este segmento, y únicamente el 18% de los programas de educación financiera está dirigido a mujeres, lo que revela una desproporción entre su presencia y los servicios adaptados a sus necesidades.

En cuanto a las personas mayores de edad, el 16% de los encuestados informó haber sido rechazado por una entidad financiera debido a su edad. Además, apenas el 9% de las 44 entidades financieras evaluadas cuenta con productos destinados a este grupo etario, lo que indica una limitada adaptación de la banca a las necesidades de los adultos mayores.

Las personas con discapacidad enfrentan barreras significativas en los canales digitales. Aunque el 84% de las entidades dispone de rampas físicas adaptadas, solo el 45% tiene una página web accesible, el 20% ofrece aplicaciones móviles accesibles y el 18% proporciona banca en línea accesible. Esta brecha tecnológica restringe su capacidad para operar de forma autónoma en el sistema financiero.

El informe concluye que, si bien el sistema financiero dominicano ha logrado avances importantes en los últimos años, aún mantiene deudas pendientes con los sectores vulnerables. Se destaca la necesidad de una banca nacional más uniforme y sensible a las realidades de estos grupos, garantizando no solo el acceso, sino también la autonomía, la dignidad y la igualdad de condiciones en el uso de los servicios financieros.