ADR impulsa cumplimiento de cuota laboral inclusiva y expansión de centros

La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) instó al gobierno y al sector privado a cumplir con la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece una cuota obligatoria de 5 % para instituciones públicas y 2 % para empresas privadas en la inclusión laboral. El llamado fue realizado por Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva de la ADR, durante el Almuerzo del Grupo Corripio, donde destacó que actualmente menos del 1 % de las personas con alguna limitación están empleadas en ambos sectores.

Marranzini cuestionó el impacto de la rehabilitación sin inserción laboral, afirmando que devolver a la sociedad a personas productivas es esencial para evitar que se conviertan en una carga familiar. "¿Qué hacemos nosotros con rehabilitar un paciente si después no encuentra un trabajo? Tenemos que devolver a la sociedad entes productivos que no sean una carga a su familia", manifestó. Reconoció el apoyo parcial del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), pero señaló que se requieren mayores esfuerzos, especialmente por falta de información en algunas entidades.

Para abordar este desafío, la ADR propone crear mecanismos de incentivo para empresas que cumplan con la cuota de inserción laboral. "Creo que es parte de nuestra labor incentivar y que el gobierno cree mecanismos inteligentes para promover el empleo", acotó Marranzini. Además, destacó como otra necesidad crítica la falta de adaptación física en espacios públicos, señalando que muchos edificios carecen de ascensor o rampa, aunque reconoció mejoras en aceras por parte de algunas alcaldías, como la de la capital.

Servicios y alcance institucional de la ADR

Durante el evento, los ejecutivos de la ADR detallaron el amplio impacto institucional de la organización, que en 62 años de operación (1963-2025) ha prestado un total de 26 millones de servicios a través de sus 35 centros a nivel nacional. Estos servicios abarcan programas de educación especial, habilitación inclusiva y medicina física y rehabilitación.

Rosa Languasco, directora de Finanzas, informó que el presupuesto anual de la ADR asciende a 1,630 millones de pesos, distribuido de la siguiente manera: 81 % proviene de los servicios ofrecidos, 10 % de asignación estatal y 9 % de captación de recursos y donaciones del sector privado. Del total de ingresos, el 66 % corresponde a afiliados de la seguridad social.

La institución cuenta con una nómina nacional de 1,500 empleados, cuyo pago representa el 62 % de los ingresos, mientras que el 38 % restante se destina a la adquisición de bienes y servicios.

Retos operativos y planes de expansión

Entre los principales retos identificados por la ADR está la necesidad de ampliar la cantidad de centros para reducir los costos y tiempos de traslado de los pacientes, así como las largas esperas por citas en algunas especialidades, que pueden llegar a meses. Elías Veloz, de Planificación, informó que al presente mes de septiembre se habían programado más de dos millones de citas.

Otro desafío crítico es la escasez de fisiatras, ya que solo una universidad forma estos profesionales en el país. Actualmente, la ADR cuenta con 68 fisiatras en sus centros, pero estima una necesidad urgente de 14 adicionales para fortalecer su capacidad de atención.

Marranzini reconoció el apoyo histórico de todos los gobiernos, pero enfatizó que, como entidad sin fines de lucro, la ADR enfrenta constantes desafíos económicos. "El reto mayor no es solamente los locales y la tecnología, sino la atención al paciente: un paciente tiene que salir atendido a la perfección", apuntó.

Recientemente, la ADR inauguró un nuevo centro en Barahona y avanza en planes para abrir otros en Hato Mayor, Guerra, Cotuí, Sosúa y Boca Chica, con apoyo del gobierno y el sector privado. Esta estrategia busca descentralizar los servicios y reducir la carga económica de los pacientes que deben trasladarse desde zonas lejanas.

Finalmente, se destacó que muchos pacientes no tienen recursos para pagar los servicios, por lo que son exonerados. A septiembre, se registraron 4,195 servicios exentos, con un costo total de RD$3,197,746. "La preocupación nuestra es que ningún dominicano se quede sin atención", puntualizó Marranzini.