ADP propone comisión mixta para resolver crisis en escuelas públicas

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió a las advertencias del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, proponiendo la creación de una Comisión Nacional Mixta MINERD-ADP para abordar de manera urgente los problemas estructurales que afectan a las escuelas públicas del país.

Durante su intervención en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el ministro De Camps advirtió que algunas seccionales de la ADP no habían iniciado las clases y señaló que, en caso de no acatar las disposiciones, las autoridades recurrirían a vías legales para garantizar el derecho a la educación.

En respuesta, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, solicitó al MINERD establecer con carácter de urgencia una comisión mixta encargada de realizar un levantamiento detallado de las condiciones de cada centro educativo y definir un cronograma concreto de soluciones.

Según el gremio docente, las dificultades incluyen déficits en infraestructura, falta de docentes y personal de apoyo, problemas de agua potable, electricidad, baños, mobiliario y seguridad, entre otras afectaciones que comprometen el normal funcionamiento de los planteles.

Además, la ADP pidió una reunión urgente para regularizar la entrega de recursos a las juntas de centro, argumentando que los retrasos en la transferencia de fondos dificultan el mantenimiento, la compra de materiales de limpieza y docencia, y el adecuado funcionamiento de las escuelas.

"Su incumplimiento debilita la escuela pública y descarga en los maestros y padres una responsabilidad que no les corresponde"

afirmó Eduardo Hidalgo, enfatizando que la carga de resolver problemas estructurales no debería recaer sobre los docentes ni las familias.

Mientras el MINERD sostiene que está trabajando para resolver las situaciones pendientes y ha cuestionado que las dificultades alcancen al 10 por ciento de los centros educativos, la ADP insiste en la necesidad de un diagnóstico conjunto, verídico y actualizado como base para definir respuestas efectivas y sostenibles.

El gremio concluyó reiterando su disposición al diálogo constructivo, pero también su firmeza en la defensa de los derechos de estudiantes y docentes, exigiendo soluciones inmediatas y coordinadas para garantizar el acceso a una educación pública de calidad.