ADP denuncia falta de condiciones básicas para jornada escolar extendida

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) defendió la reducción temporal del horario de clases en centros educativos del Gran Santo Domingo, argumentando que la medida responde a la falta de condiciones mínimas para sostener una jornada escolar completa.

Según Menegildo De La Rosa, dirigente de la ADP, antes de amenazar al gremio con acciones legales, el Ministerio de Educación (MINERD) debe atender las deficiencias estructurales que afectan a numerosos planteles educativos. La disputa se originó luego de que el MINERD cuestionara la decisión unilateral de la ADP de modificar el horario escolar, advirtiendo que ello afecta el cumplimiento del calendario oficial.

El conflicto, sin embargo, tiene antecedentes. El 26 de agosto, el ministro Luis Miguel De Camps advirtió que, si las seccionales de la ADP que se negaban a iniciar la docencia no atendían el llamado de las autoridades, el Ministerio recurriría a las herramientas legales disponibles para garantizar las clases. Durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el ministro recordó además decisiones del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia del derecho a la educación.

Para la ADP, el problema no radica en la cantidad de horas que los maestros están dispuestos a trabajar, sino en si las escuelas cuentan con las condiciones necesarias para recibir estudiantes durante toda la jornada. De La Rosa sostuvo que existen centros con insuficiencia de baños, problemas de acceso al agua y falta de materiales de higiene, lo que hace imposible garantizar adecuadamente la permanencia de estudiantes y docentes durante ocho horas.

Una de las principales razones citadas por el gremio es el déficit de personal administrativo y de apoyo, especialmente conserjes y trabajadores de limpieza y mantenimiento. La situación resulta más crítica en las escuelas de Jornada Escolar Extendida, donde, según De La Rosa, no se puede pretender extender el horario escolar cuando no existen las condiciones básicas para mantener los planteles limpios, higiénicos y seguros durante la tarde.

La ADP también denunció retrasos en las transferencias financieras: durante los primeros tres meses del año escolar solo llegó una de las tres transferencias correspondientes (la de abril), lo que dificulta la adquisición de papel sanitario, jabón, detergentes, escobas, trapeadores y otros insumos de limpieza, particularmente en centros que reciben entre 500 y 800 estudiantes.

Además, el 68 % de los centros consultados por el gremio presenta déficit de docentes, lo que, según denunció, deja algunos cursos sin maestros. La ADP informó que 121 escuelas no pudieron iniciar las clases por reparaciones, y elevó a 237 el número de centros que no pudieron comenzar con estudiantes debido a diversos problemas estructurales y operativos.

El MINERD ha rechazado que la situación tenga la magnitud denunciada por el gremio y ha asegurado que las necesidades de docentes están cubiertas. El 1 de septiembre, la ADP dispuso la reducción del horario en centros del Gran Santo Domingo: en las escuelas de Jornada Escolar Extendida se estableció la salida a las 3:00 de la tarde, mientras que los centros sin almuerzo terminarían al mediodía.

Dos días después, el gremio anunció nuevas acciones de protesta: un bocinazo el viernes 4 de septiembre, una vigilia nacional el lunes 7 y un pleno extraordinario de sus 174 seccionales los días 8 y 9 de septiembre. Asimismo, propuso crear una comisión conjunta con el MINERD para evaluar las condiciones de cada plantel y establecer soluciones en materia de infraestructura, personal, agua, electricidad, baños, mobiliario y seguridad.

Mientras la ADP sostiene que sus acciones responden a las condiciones reales de los planteles, el MINERD insiste en que el horario escolar no puede ser modificado unilateralmente por el gremio. El ministro De Camps había advertido previamente que utilizaría las herramientas legales disponibles para garantizar la docencia y el cumplimiento del calendario escolar.

La ADP mantiene su reclamo de que, antes de exigir una jornada completa, se deben garantizar las condiciones para que estudiantes y docentes puedan permanecer ocho horas en las escuelas con dignidad y seguridad. El pulso entre ambas partes continúa, con el horario escolar, las condiciones de los planteles y el derecho de los estudiantes a recibir clases como puntos centrales de la disputa.