Adesinc advierte que nuevo Código Penal genera incertidumbre jurídica para empresas de seguridad

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) expresó su preocupación por los posibles efectos del nuevo Código Penal sobre la seguridad jurídica del sector de vigilancia privada, advirtiendo que la falta de precisiones en materia de responsabilidad penal corporativa y uso de la fuerza podría derivar en procesos judiciales injustificados contra empresas y sus directivos.

La postura fue dada a conocer durante el taller "El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada", realizado este miércoles en el Hotel Embassy Suites by Hilton de Santo Domingo, con la participación de directivos de Adesinc, representantes del sector y el jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, quien fungió como expositor principal.

Freddy González Estrada, presidente de Adesinc, aclaró que el gremio apoya la actualización del marco normativo, pero exige que se establezcan garantías proporcionales para una industria que actualmente genera más de 62,000 empleos formales, produce alrededor de 24,000 millones de pesos anuales y brinda cerca de 90 millones de horas de vigilancia al año.

Según González Estrada, un acto aislado de un vigilante que actúe fuera de los protocolos establecidos no debería implicar responsabilidad penal para la empresa o sus directivos, siempre que se demuestre que existían mecanismos adecuados de supervisión y capacitación.

Entre los puntos de mayor preocupación señalados por el dirigente gremial están la necesidad de definir con claridad los límites de la legítima defensa cuando los agentes de seguridad emplean armas de fuego en el cumplimiento de sus funciones, y la eliminación de ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones subjetivas o excesivas por parte de las autoridades judiciales.

Adesinc también advirtió que el incremento significativo de las penas y la inclusión de nuevos tipos penales en el Código Penal colocan a las empresas formalmente reguladas en una situación de alta vulnerabilidad jurídica, pues podrían enfrentar sanciones desproporcionadas por hechos que, en muchos casos, resultan de circunstancias fuera de su control directo.

Durante el taller, el jurista Francisco Álvarez analizó el impacto de la reforma en áreas críticas para el sector, como la retención de personas, el uso de videovigilancia y la custodia de evidencias, subrayando que la falta de lineamientos claros expone a las empresas a riesgos innecesarios en su operatividad diaria.

Como medida preventiva, Álvarez propuso un esquema de adecuación de 90 días para que los ejecutivos y asesores legales de las empresas de seguridad revisen y ajusten sus protocolos internos, capacitación y manuales de procedimientos, con el objetivo de alinearse con las nuevas disposiciones legales y reducir la exposición a posibles sanciones.

El encuentro concluyó con un llamado al diálogo entre el sector privado de seguridad, los legisladores y las autoridades judiciales para garantizar que la reforma penal fortalezca el Estado de derecho sin comprometer la estabilidad ni la legalidad de una industria clave para la seguridad ciudadana y el empleo formal en la República Dominicana.