Ada Ledesma denuncia imposibilidad de pagar fianza de RD$20 millones y reclama igualdad ante la justicia

Ada Ledesma Ubiera, única mujer en prisión preventiva por el caso Senasa, reiteró su imposibilidad de pagar la fianza de RD$20 millones que le impide acceder a una medida de coerción menos gravosa, pese a que el juez le concedió el cambio a arresto domiciliario en julio.

Durante una audiencia reciente, la imputada, visiblemente afectada y con voz entrecortada, declaró ante el juez Deyvi Timoteo que no posee recursos económicos para cumplir con la fianza establecida bajo la modalidad de contrato, y enfatizó que, de tenerlos, estaría dispuesta a pagar mucho más: «Si yo lo tuviera, de verdad que no doy dos millones, doy 100… ¡200 millones si tuviera!».

Ledesma Ubiera, propietaria de la empresa Lufarka, proveedora de insumos médicos y proteína líquida para la ARS estatal, permanece recluida en la cárcel de Najayo, San Cristóbal desde hace ocho meses. Señaló que su estado de salud, afectado por cardiopatía, registro de eventos cardiovasculares y afecciones biliares, agrava su situación carcelaria.

En su declaración, cuestionó lo que percibe como un sesgo judicial y económico: «He visto que a los que tienen miles de millones le pusieron RD$50,000 de fianza y a mí me ponen RD$20 millones. No entiendo, no sigo entendiendo», comparando el trato desigual con una suerte de justicia de clases.

Además, expresó su sentir de abandono tras el escándalo del SeNaSa, afirmando que «nadie me presta, nadie. Ahora no tengo amigos, nadie me conoce», aunque se dijo aferrada a su fe y a su inocencia, confiando en que «Dios me va a sacar de esto también…».

El Ministerio Público la incluye en el entramado acusado de haber desfalcado al SeNaSa por aproximadamente RD$15,000 millones. El pasado 8 de julio, el juez modificó su prisión preventiva por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y una fianza de RD$20 millones, que no pudo pagar.

Sin embargo, en una variación posterior, el juez del séptimo juzgado de la Instrucción redujo la fianza a RD$5 millones, lo que le permitiría acceder al arresto domiciliario con brazalete electrónico y cumplir el resto de su medida de coerción de 18 meses, impuesta en diciembre de 2025.