Acusación popular pide 13 años de prisión para Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ha reducido su petición de pena de 24 a 13 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, según un escrito presentado ante el juzgado que instruye el proceso.

La solicitud se detalla en dos años por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por el mismo delito de malversación, pero sin considerar su carácter continuado. Esta modificación se produce después de que el juez encargado del caso comunicara a las partes la resolución de la Audiencia de Madrid, que autorizó el enjuiciamiento de Gómez con jurado popular.

La acusación popular, liderada por la asociación Hazte Oír, sostiene que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin haber superado un proceso de selección público ni poseer la titulación requerida para dicho cargo. Según el escrito, esta situación constituye un delito de tráfico de influencias al supuestamente utilizar su posición para obtener un beneficio indebido.

Además, se le acusa de malversación de fondos públicos por el supuesto "destino a usos privados" del trabajo de su asesora, Cristina Álvarez, cuya nómina fue pagada con dinero del erario público. En relación con Álvarez, la acusación popular ha rebajado su petición inicial de 22 años de prisión a 6 años.

La acusación popular también ha solicitado la comparecencia de aproximadamente cien testigos en el futuro juicio, entre ellos el propio Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños y otros miembros del Gobierno, para esclarecer presuntas reuniones realizadas en el Palacio de la Moncloa relacionadas con el proyecto académico de Gómez.

El pasado 16 de julio, el juez instructor decidió que Begoña Gómez fuera juzgada con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, mientras que sobreseyó las acusaciones de apropiación indebida y corrupción en los negocios. Asimismo, retiró las medidas cautelares impuestas previamente, que incluían la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecencia quincenal ante el juzgado, por lo que se le devolverá el documento de viaje.