Abogados respaldan nuevo Código Penal pero advierten desafíos en su implementación

El nuevo Código Penal entró en vigor el 3 de agosto, poniendo fin a 140 años de vigencia del texto penal de 1884. La reforma, contenida en la Ley 74-25, incorpora nuevos tipos penales, endurece sanciones y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque su aplicación ha generado opiniones divididas entre especialistas del derecho.

Abogados consultados coincidieron en que la nueva legislación representa una actualización necesaria frente a las nuevas formas de criminalidad. Adolfo Serrano consideró que su entrada en vigencia responde a una demanda social y fortalece el Poder Judicial al incorporar herramientas inexistentes en la legislación anterior, como la tipificación específica de difamación e injuria, el parricidio y otras figuras antes no contempladas.

Ángel Familia sostuvo que el Código incorpora más de 70 tipos penales y responde a fenómenos actuales como delitos tecnológicos y crimen organizado. Según explicó, la legislación establece sanciones para empresas por conductas ilícitas y brinda a jueces y fiscales mayores herramientas para perseguir delitos previamente no regulados. Además, defendió que la reforma no constituye una restricción a la libertad de expresión ni una 'ley mordaza', ya que busca sancionar imputaciones sin pruebas y proteger derechos fundamentales.

Norberto Rondón explicó que, aunque la mayor parte del Código comenzó a aplicarse el 3 de agosto, unos 30 artículos modificados entrarán en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial, conforme al artículo 109 de la Constitución. Asimismo, recordó que las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas tendrán una vacatio legis de tres meses para permitir que las compañías implementen programas de cumplimiento normativo, especialmente en prevención del lavado de activos y estándares internacionales.

Rondón advirtió que el nuevo régimen de cúmulo de penas podría aumentar las solicitudes de prisión preventiva, ya que la acumulación de delitos eleva considerablemente las penas posibles, incluso en casos de accidentes de tránsito agravados. Este escenario, a su juicio, obligará al Estado a incrementar recursos destinados al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sistema penitenciario para evitar un colapso institucional.

Wandell Matos enfatizó que uno de los principales desafíos será informar adecuadamente a la población sobre los nuevos delitos y sanciones. Indicó que el Código incorpora 74 nuevas figuras delictivas, entre ellas el uso de sustancias corrosivas, nuevas modalidades de feminicidio, delitos de alta tecnología y otros ilícitos antes no contemplados. Las penas ahora se estructuran en rangos que pueden llegar hasta los 60 años de prisión, dependiendo de la gravedad y acumulación de los delitos.

No obstante, Matos consideró que, además del endurecimiento de las sanciones, el Estado debe fortalecer políticas sociales y preventivas para reducir la criminalidad, y señaló que la nueva legislación podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad sobre algunos de sus artículos.

Durante el período de preparación de 12 meses, el Ministerio Público puso en marcha un diplomado sobre la reforma penal y procesal. En marzo de 2026, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso informó que el 26 % de los fiscales había sido capacitado. La Procuraduría también dispuso, desde el 1 de abril, un nuevo protocolo para el procesamiento de escenas del crimen, relevante ante delitos que requieren evidencia digital y análisis especializados.

Por su parte, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial desarrollaron actividades formativas y encuentros regionales con jueces.