Abogados denuncian al director de la PNC por presunta inducción a homicidios mediante 'clave 29'

Un grupo de abogados denunció este lunes ante la Procuraduría General de la República al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, por presuntamente inducir a agentes de la institución a cometer homicidios mediante la denominada 'clave 29'. La denuncia fue presentada por los juristas Carlos Balcarce, Cándido Simo, Many Sierra, Enrique Vallejo Garib, Valentín Medrano, Ibo René Sánchez y Guarionex Ventura durante una rueda de prensa frente a la Fiscalía del Distrito Nacional.

Según los denunciantes, la 'clave 29' es una expresión utilizada en el bajo mundo que, al ser ordenada por el director policial, constituye una inducción para que los agentes cometan asesinatos contra jóvenes durante operativos o supuestos intercambios de disparos. Balcarce afirmó que, al exhortar a la aplicación de dicha expresión, el director estaría 'envalentonando a los policías y empoderándolos para actuar sin control ni respeto a la ley'.

Los abogados solicitan que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso investigue al director policial y lo cite para responder por los hechos. Además, piden que se examine el rol de fiscales que, según denuncian, estarían llenando actas relacionadas con estos casos sin presencia real en las escenas, dejando que miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) realicen las diligencias 'como vulgares delincuentes'.

Balcarce advirtió que, si no hay reacción institucional en la próxima semana, interpondrán una querella formal contra el director de la Policía Nacional y otros presuntos responsables. Sostuvo que la conducta denunciada podría configurar el delito de inducción a cometer homicidio, sancionado por el párrafo 1 del artículo 3 del nuevo Código Penal dominicano, con penas de 20 a 40 años de prisión.

El jurista también criticó el supuesto apoyo de sectores sociales a estas actuaciones, calificándolas de 'desmanes' y un reflejo del 'empoderamiento de la Policía en contra de la propia población'. Señaló que la falta de control institucional permite que oficiales actúen sin límites, incluso al frente de organismos investigativos.

La denuncia se basa en testimonios y material audiovisual que los abogados prometen presentar oportunamente, argumentando que las filmaciones demostrarían la ausencia de fiscalía en los procedimientos y la ejecución extrajudicial de jóvenes, ya sean o no descarriados.