Abogada explica posible pena de hasta 23 años para acusado de intento de asalto en Serrallés

Johnny González, acusado de herir con un arma blanca a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk durante un presunto intento de asalto en el sector Serrallés del Distrito Nacional, podría enfrentar hasta 23 años de prisión si es declarado culpable, según explicó la abogada Sonia Marlene Guerrero.

Según la versión preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió la madrugada del sábado 12 de septiembre, cuando la víctima se dirigía hacia el lobby de su residencia tras estacionar su vehículo. El agresor, quien se desplazaba en motocicleta, habría interceptado a la víctima y, tras su resistencia, le infligió varias estocadas sin lograr consumar el robo, para luego huir en el mismo vehículo.

La abogada Guerrero detalló que la posible pena se basa en el nuevo Código Penal, que permite el cúmulo de penas por múltiples infracciones. Explicó que las lesiones permanentes podrían acarrear hasta 10 años, las lesiones de recuperación menor a 90 días hasta 3 años, y el robo agravado (de noche, en motocicleta, con arma y violencia) hasta 20 años. Al sumarse estas penas bajo el principio de concurso real, el total podría alcanzar los 23 años de prisión.

"Si tiene heridas permanentes, lesiones permanentes, puede enfrentar hasta 10 años de prisión. Si las heridas son causales de una lesión de menos, de una recuperación de menos de 90 días, puede causar hasta 3 años. Pero por el robo solo, porque es un robo de noche en un motor y con un arma y con la violencia, son hasta 20 años. Significa que, con el cúmulo de penas, que es lo que recoge el concurso real, puede enfrentar penas hasta de 23 años de prisión"

, sostuvo la jurista.

Guerrero enfatizó que, aunque no se concretara el despojo de pertenencias, el intento de robo con intención real de sustraer propiedad ajena ya constituye un delito penable. "No se llevó nada, pero sí tuvo la intención real de atracarlo, de sustraer una propiedad que no era de él, que le pertenecía a ese joven", manifestó.

Además, la defensora señaló que el Ministerio Público debe profundizar las investigaciones para descartar otras motivaciones detrás de la agresión, como un posible encargo. Sugirió que, si se prueba que el acusado fue enviado para agredir a la víctima, el caso podría configurarse como sicariato, una figura penal recientemente incorporada al nuevo Código Penal.

Finalmente, la Policía Nacional confirmó que las investigaciones continúan y que el detenido permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.