Abinader promulga reforma al Código Penal y crea comisión para futuras mejoras
Luis Abinader promulgó la reforma al Código Penal y creó una comisión para discutir futuras mejoras, incluyendo cambios en violencia, difamación y delitos patrimoniales.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
El presidente Luis Abinader promulgó las recientes modificaciones al Código Penal, aprobadas por el Congreso Nacional, y dispuso la creación de una comisión de seguimiento para discutir futuras mejoras a la normativa, según el Decreto núm. 507-26.
La reforma incorpora nuevos delitos adaptados a la realidad del siglo XXI y ajusta diversos artículos relacionados con responsabilidad penal de personas jurídicas, violencia doméstica, acoso cibernético, difamación, perjurio y delitos patrimoniales, entre otros.
Principales modificaciones al Código Penal
En materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, se modificaron los artículos 8 y 11 para incluir nuevas circunstancias que atenúan o excluyen su responsabilidad, además de establecer requisitos más estrictos para los programas de cumplimiento y prevención de delitos.
Sobre protección contra la violencia, los artículos 121, 122 y 123 fueron revisados sustituyendo el término "bullying" por "hostigamiento". En el artículo 123, sobre acoso u hostigamiento cibernético, se ampliaron las conductas sancionadas en plataformas digitales y se incorporó una excepción que protege las publicaciones, investigaciones, críticas y reportajes realizados en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho a la información sobre asuntos de interés público.
El artículo 124, relativo a violencia doméstica o intrafamiliar, incorpora expresamente la definición de violencia física dentro de los tipos de violencia reconocidos. Asimismo, el artículo 144 aumenta la pena por acoso agravado, que pasa de dos a tres años de prisión a un rango de dos a cinco años.
También se modificaron los artículos 170 (auto secuestro), 173 (discriminación), 176 y 177 (proxenetismo y proxenetismo agravado), y el artículo 192, sobre difusión de audios, imágenes y videos sin consentimiento, cuya nueva redacción establece que el delito solo será sancionado cuando ocurra en el ámbito privado o exista una expectativa razonable de privacidad, reduciendo la pena mínima de seis meses a 15 días de prisión, manteniendo la máxima en un año.
Cambios en difamación, perjurio y otros delitos
En los artículos 207, 208, 209 y 211, el Congreso reformó las disposiciones sobre perjurio y difamación: la pena por perjurio fue reducida de cinco a diez años de prisión a entre dos y cinco años, mientras que la difamación pasó a castigarse con uno a dos años de prisión. Además, se excluye de responsabilidad penal la difamación cometida a través de medios de comunicación o del ciberespacio, y se establece que las opiniones o críticas relacionadas con casos de corrupción, políticas públicas y servicios públicos no constituirán delito, siempre que estén sustentadas en pruebas o en una verificación razonable.
La reforma también incorpora los artículos 214 y 215, que sancionan el abandono de menores y su modalidad agravada. En el ámbito económico y patrimonial, se actualizaron los artículos 248 (bancarrota simple), 269 (violación de propiedad) y 303 (malversación de fondos públicos), además de modificar los artículos 310 (ultraje en el ámbito jurisdiccional) y 354 (certificación falsa del estado de salud).
Creación de la comisión de seguimiento
Mediante el Decreto núm. 507-26, el Poder Ejecutivo designó como integrantes de la comisión de seguimiento al doctor Milton Ray Guevara; la doctora Leyda Margarita Piña Medrano; el doctor Pedro Balbuena; el doctor Ricardo Rojas León; el doctor Julio César Castaños Guzmán; la doctora Luz Díaz; el doctor José Lorenzo Fermín; el doctor Eduardo Jorge Prats; el doctor Alejandro Moscoso Segarra, y los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.
Según un comunicado de prensa, "con esta decisión, el Poder Ejecutivo pone a disposición del país un Código Penal fortalecido mediante el consenso democrático y un proceso de revisión institucional y técnico de los aspectos reformados, reafirmando su compromiso con la modernización del ordenamiento jurídico, el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, el respeto al debido proceso y la consolidación de instituciones cada vez más sólidas y transparentes".
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Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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