28 personas acusadas por narcotráfico y armas ilegales en Puerto Rico

Un total de 28 personas fueron acusadas formalmente por delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego en Puerto Rico, según informaron autoridades federales y locales. Los cargos forman parte de una investigación conjunta entre agencias de Estados Unidos y autoridades puertorriqueñas, enfocada en desarticular redes criminales que operan en la isla y utilizan rutas marítimas y aéreas para traficar sustancias controladas hacia el territorio continental.

Las acusaciones incluyen conspiración para distribuir cocaína, heroína y fentanilo, así como uso y porte ilegal de armas de fuego durante la comisión de delitos federales. Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU., varios de los imputados tienen antecedentes penales y estarían vinculados a organizaciones transnacionales con operaciones en República Dominicana, Colombia y otras jurisdicciones del Caribe.

La investigación, iniciada en 2024, se basó en vigilancia electrónica, interceptaciones de comunicaciones y operaciones encubiertas que permitieron identificar puntos de almacenamiento, transporte y distribución de drogas en municipios como San Juan, Ponce y Mayagüez. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 50 kilogramos de cocaína, armas de fuego no registradas, municiones y evidencia digital vinculada a transacciones sospechosas.

Entre los acusados figura un exmilitar dominicano previamente extraditado a Puerto Rico en marzo de 2026, quien, según indicios preliminares, habría utilizado criptomonedas para intentar lavar fondos obtenidos del tráfico de estupefacientes. Este aspecto de la caso está siendo examinado por la Unidad de Delitos Financieros del FBI, aunque aún no se han presentado cargos adicionales por lavado de dinero en esta fase del proceso.

Los imputados enfrentan penas que podrían superar los 20 años de prisión si son declarados culpables, particularmente aquellos acusados de liderar células operativas o de usar armas de asalto en actividades delictivas. El caso se tramitará ante tribunales federales en el Distrito de Puerto Rico, donde se espera que las audiencias iniciales comience en las próximas semanas.