Wilson Camacho destaca 706 pruebas y 13 confesiones en Operación Cobra 2.0-A

El Ministerio Público presentó 706 medios de prueba en la audiencia de medida de coerción de la Operación Cobra 2.0-A, lo que ha llevado a 13 imputados a admitir los hechos ante el tribunal, según informó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.

Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en el proceso, acompañado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.

Durante su intervención ante la prensa, tras la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Camacho sostuvo que "esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de la investigación" realizada por el Ministerio Público contra una red de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos mediante el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

"Hemos presentado la medida de coerción que ha traído el Ministerio Público; que terminada la presentación de la medida no solamente está sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, sino, que, además, esas pruebas han llevado al menos a 13 de los imputados a admitir los hechos ante el tribunal"

, declaró Camacho.

El funcionario añadió que, tras la admisión de hechos y la colaboración de algunos imputados, el Ministerio Público solicitó al tribunal que se les imponga arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, tomando en cuenta su arrepentimiento y disposición a colaborar con la investigación.

Entre los imputados beneficiados con esta solicitud se encuentran Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes cumplirán la medida en los domicilios que ellos mismos aportaron al tribunal.

Por otro lado, el Ministerio Público mantiene la solicitud de prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo para Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, así como para los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

Camacho respondió a las críticas de las defensas, señalando que "confunden documentos con presupuestos" al presentar certificados académicos como prueba de inocencia, los cuales, según él, "no tienen ninguna utilidad para desvirtuar el peligro de fuga ni el daño a resarcir".

Por su parte, Mirna Ortiz reiteró que "el bien jurídico protegido en este caso es el derecho a la salud", rechazando la intención de reducir el caso a meros montos económicos recibidos, y advirtiendo que "esto no se trata de los montos percibidos, sino del daño causado al sistema de salud".

El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche, tras escuchar las alegaciones de ambas partes.