Vivienda responde a auditoría con compromisos de mejora y defensa de sus procesos

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) respondió formalmente a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República tras una auditoría realizada al cierre del ejercicio 2024. En su réplica institucional, la entidad combina explicaciones técnicas, aceptación parcial de hallazgos, solicitudes de reconsideración y compromisos de mejora para abordar las debilidades detectadas en la gestión patrimonial, contable y contractual.

Uno de los puntos centrales de la respuesta se refiere a las diferencias entre el Sistema Integrado de Administración de Bienes y los estados financieros al 31 de diciembre de 2024. El MIVHED aceptó la observación y confirmó que inició un proceso de conciliación, depuración y regularización de activos fijos, incluyendo la corrección de una cuenta de terrenos por un monto de RD$ 5,500,000.00. La entidad atribuyó estas discrepancias a factores como la fusión institucional, el uso de métodos distintos de depreciación, limitaciones técnicas del sistema contable y el tratamiento de adiciones a activos ya registrados.

Como medida estructural, el Ministerio informó que está trabajando en la implementación de un nuevo sistema ERP, alineado con los lineamientos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de integrar la información patrimonial y fortalecer los controles internos. Sin embargo, la Contraloría mantuvo su observación mientras no se concluya la conciliación entre los registros patrimoniales, contables y administrativos, exigiendo soporte documental y evidencia de corrección integral.

En cuanto a las cuentas por pagar, el MIVHED confirmó un saldo total de RD$ 70,549,526.47 al cierre de 2024 y reconoció que parte de las obligaciones con más de dos años de atraso corresponde a compromisos heredados, algunos sin soportes suficientes para su validación. Ante ello, propuso la formación de un equipo técnico especializado para depurar la cartera y remitir los expedientes correspondientes al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Deuda Pública. No obstante, rechazó la observación sobre diferencias entre el auxiliar contable y las etapas del gasto, argumentando que no existe una equivalencia automática entre los registros de pasivos exigibles y los compromisos presupuestarios.

La Contraloría no aceptó esta explicación y sostuvo que la existencia de cuentas por pagar antigüas evidencia debilidades en la depuración y seguimiento de pasivos, reiterando la obligación de conciliar, documentar y sustentar los saldos reportados, independientemente de las diferencias conceptuales entre registros.

En el ámbito de compras y contrataciones, el Ministerio certificó que los procesos del período auditado ascendieron a RD$ 15,973,353,838 y aseguró que fueron ejecutados conforme a la normativa vigente. Solicitó a la Contraloría la remisión del anexo 7.2, alegando que no fue incluido en la memoria USB recibida, lo que le impide verificar el detalle utilizado por los auditores.

Aceptó parcialmente el señalamiento sobre procesos no incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), explicando que el caso de mayor monto correspondió a un proceso de urgencia para la terminación del centro Las Parras, mientras que otros estaban vinculados a metas presidenciales en proyectos hospitalarios, carcelarios, educativos e infraestructura. La Contraloría, sin embargo, insistió en que dicha exclusión debe estar respaldada con evidencias formales de urgencia, reprogramación o autorización, y mantuvo la necesidad de revisar los soportes del anexo solicitado para validar la composición de las compras por modalidad y los montos adjudicados.

Respecto a los expedientes contractuales, el MIVHED rechazó la observación sobre supuestas tachaduras, borrados o supresiones en contratos, afirmando que dichas intervenciones obedecen al resguardo de datos personales sensibles, en cumplimiento de la Constitución, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales. Aseguró que los contratos originales, completos y sin ocultamiento, se encuentran en sus archivos y están disponibles para revisión. La Contraloría, aunque reconoció el marco legal, sostuvo que la protección de datos no exime de la obligación de conservar contratos íntegros, verificables y con las credenciales requeridas para fines de auditoría.

La discusión también alcanzó al proceso MIVHED-CB-OB-LPN-006-2024 y su aplicación, aunque el contenido original no concluye este punto. El intercambio refleja un esfuerzo institucional por subsanar observaciones, aunque persisten diferencias de criterio entre el Ministerio y el órgano de control sobre la suficiencia de las medidas adoptadas y la necesidad de documentación respaldatoria.