Víctimas de estafa inmobiliaria en RD exigen leyes más fuertes desde Nueva York

Víctimas de la estafa inmobiliaria atribuida a INDISARQ, radicadas en Nueva York, han solicitado al Congreso de la República Dominicana la aprobación de leyes más severas para combatir el fraude inmobiliario y proteger a futuros compradores. El grupo de afectados, que incluye a Fernanda Sena Ramos, Lina Zarete de Rivas, Serge Robert Pierre y otras decenas de personas, sostiene que la legislación actual presenta vacíos que dificultan la prevención y sanción de estos delitos.

En un documento firmado por múltiples víctimas, se exhorta a los legisladores a no permitir que la indiferencia siga costando hogares, ahorros y sueños. "Nuestros ahorros, sueños y tranquilidad no pueden seguir siendo el precio de un sistema que ha demostrado ser insuficiente para proteger a los ciudadanos", señalan los estafados, agregando que resulta profundamente decepcionante que iniciativas clave se retrasen por falta de cuórum o compromiso legislativo.

El caso de INDISARQ, conocido judicialmente como Operación Nido, está siendo conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El principal acusado, Emmanuel Rivera Ledesma, enfrenta cargos junto a otros implicados por presuntamente estafar a más de 500 personas mediante la venta de proyectos inmobiliarios inexistentes.

Según el Ministerio Público, el fraude supera los 235 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 10 millones de dólares, e involucra cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos. El juicio de fondo ha sufrido varios aplazamientos, lo que ha generado protestas y vigilias por parte de las víctimas frente al Palacio de Justicia del Distrito Nacional, exigiendo que el proceso avance con mayor celeridad.

Los afectados insisten en que su reclamo no está motivado por el rencor, sino por la convicción de que ningún dominicano debería volver a sufrir la incertidumbre, la impotencia y el abandono que ellos han padecido debido a un sistema que no ha respondido como debía. Exigen que los legisladores asuman la responsabilidad para la cual fueron elegidos y aprueben leyes firmes y efectivas que prevengan estos abusos y garanticen justicia para quienes, con trabajo duro y grandes esfuerzos, adquieren sus inmuebles en el país.