Veinticinco estados demandan a Trump por aranceles vinculados al trabajo forzado

Veinticinco estados gobernados por demócratas presentaron una demanda ante los tribunales federales de Estados Unidos contra la administración Trump, argumentando que los nuevos aranceles impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 exceden el poder presidencial y carecen de justificación legal.

La demanda, presentada el lunes, sostiene que los aranceles generalizados del 10% al 12.5% aplicados a 60 socios comerciales el 23 de julio no están respaldados por una relación racional con las acusaciones de trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales. Según los demandantes, la investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) fue apresurada, sesgada y diseñada para justificar una política arancelaria ya anulada previamente por los tribunales.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, defendió la medida afirmando que Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para eliminar prácticas que perjudican el comercio estadounidense. Sin embargo, los estados demandantes señalan que la mayoría de los países afectados, incluida la Unión Europea, no están sujetos a las mismas exigencias de lucha contra el trabajo forzado que exige Washington.

Antecedentes legales y contexto de la política arancelaria

Esta nueva ronda de aranceles sustituye a un gravamen global del 10% que había sido impuesto tras la anulación de la primera ronda de aranceles de Trump por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero. Cuando ese gravamen expiró el 24 de julio, entró en vigor el nuevo esquema arancelario basado en la Sección 301.

Trump ha justificado repetidamente sus políticas arancelarias afirmando que los socios comerciales de EE. UU. se han aprovechado de la mayor economía del mundo y que los aranceles son una herramienta para lograr nuevos acuerdos comerciales más favorables.

Argumentos de la coalición de estados demandantes

En su presentación legal, los estados argumentan que las investigaciones de la USTR bajo la Sección 301 fueron "un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones". Afirman que no existe un mecanismo claro para que los países sancionados sepan cómo evitar los aranceles al corregir las prácticas denunciadas, lo que contraviene el texto de la ley.

La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, quien forma parte de la coalición, declaró en un comunicado que "la USTR ha llegado a una conclusión inevitable con el fin de imponer derechos de aduana próximos a aquellos que los tribunales han anulado en dos ocasiones", en lugar de tomar medidas efectivas contra el trabajo forzado.

Aunque los estados demandantes reiteran su oposición al trabajo forzado en todas sus formas y su apoyo a la protección de los trabajadores a nivel global, sostienen que la administración no puede usar este tema como pretexto para revivir una política arancelaria ya declarada ilegal por la justicia.

El éxito de esta nueva demanda depende ahora de cómo interpreten los tribunales el alcance del poder presidencial tras el fallo anterior de la Corte Suprema, dejando el resultado como una incógnita en medio de las crecientes tensiones comerciales globales.