Urgen marco legal para desapariciones en República Dominicana

La falta de un marco jurídico integral para abordar las desapariciones en República Dominicana ha sido señalada como una carencia crítica por organizaciones de la sociedad civil, en un contexto donde las cifras oficiales reportan más de 1,050 casos en los primeros diez meses de 2025. Pese a esta tendencia al alza, la creación de dicha legislación no ha sido priorizada en la agenda del Congreso Nacional.

Un problema recurrente que exige acción legislativa

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), hizo un llamado urgente para que el Congreso retome y active proyectos de ley destinados a crear este marco legal. "No estamos ante un caso novedoso, sino ante una preocupación que se arrastra y que demanda decisiones legislativas firmes", advirtió el jurista, subrayando que la recurrencia de estos hechos evidencia vacíos normativos y operativos que el Estado debe corregir.

La problemática se ha mantenido visible, iniciando el 2026 con al menos cinco nuevos reportes en los primeros días de enero. Algunos casos, como el de la niña Brianna Genao, han captado la atención pública y mediática, poniendo en evidencia la necesidad de protocolos claros y coordinados para las autoridades.

"La repetición de estos casos debería ser razón suficiente para que el Congreso coloque este tema como una prioridad central de la próxima legislatura", afirmó Castaños Guzmán.

Complejidad investigativa y responsabilidades compartidas

Al referirse a casos de alta notoriedad, el representante de Finjus los calificó como "graves y profundamente delicados", valorando positivamente la decisión del Ministerio Público de solicitar asistencia internacional al Federal Bureau of Investigation (FBI). No obstante, pidió comprensión frente a la complejidad de estos procesos, especialmente cuando las investigaciones apuntan al entorno familiar o cercano de las víctimas.

La tragedia de las desapariciones interpela no solo a las autoridades, sino también a la sociedad en su conjunto, señaló. Aunque la vigilancia desde el núcleo familiar sigue siendo una línea de defensa clave, esta responsabilidad "no exime al Estado de diseñar políticas públicas más robustas y eficaces".

El llamado final es a construir mecanismos institucionales que permitan respuestas rápidas, coordinadas y especializadas, con el objetivo de evitar que proyectos de alto impacto social solo se reactiven tras hechos lamentables. La meta es convertir la preocupación social en una acción legislativa concreta y preventiva.