Un mes después del doble sismo en Venezuela: inspecciones revelan riesgos estructurales y respuesta ciudadana

Un mes después del doble terremoto que sacudió la zona central de Venezuela, las autoridades y la sociedad civil continúan inspeccionando miles de edificios para evaluar daños estructurales y garantizar la seguridad de la población. Según estimaciones del Banco Mundial, los daños físicos directos ascienden a aproximadamente 19.500 millones de dólares, lo que ha impulsado llamados a una alianza público-privada para financiar la reconstrucción.

El gobierno nacional, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó que ya ha revisado más de 20.000 edificaciones utilizando una metodología desarrollada en conjunto con el gremio de ingenieros del país. Este sistema, denominado semáforo de seguridad, clasifica las estructuras mediante etiquetas de color: verde para daños leves pero seguros, amarillo para afectaciones parciales que restringen el acceso, y rojo para edificios con daños graves o colapsados, que no deben ser habitados.

Procedimientos de inspección y hallazgos técnicos

El proceso de evaluación incluye técnicas como golpear paredes y retirar acabados para llegar a columnas y vigas, permitiendo determinar si es necesario un desalojo total. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, explicó que tras las etiquetas amarilla y roja se inicia una segunda instancia de revisión con estudios más profundos y guías técnicas para orientar las reparaciones.

En comunidades como Catia de la Mar y otros sectores populares de Caracas, ingenieros de la comisión presidencial han identificado daños agravados por factores preexistentes. Uno de ellos, Rigel Sergent, señaló que colocó una etiqueta roja en un edificio debido a la corrosión en columnas causada por filtraciones previas, cuyos efectos se intensificaron tras el sismo. Señaló que es necesario apuntalar y reducir cargas en varios inmuebles, especialmente en zonas vulnerables.

Demanda ciudadana y respuesta de la sociedad civil

La alta demanda de inspecciones ha superado la capacidad institucional. Vecinos expresan temor constante por la seguridad de sus hogares, cuestionando si paredes agrietadas podrían derrumbarse o si deben continuar durmiendo en carpas. Testimonios recogidos en terreno reflejan angustia: una residente afirmó que siente que "cada día se mueve más" una pared dañada, mientras otra revivió el terror de las réplicas posteriores al temblor.

Ante las limitaciones gubernamentales en recursos y cobertura, grupos de la sociedad civil han organizado inspecciones voluntarias. Jesús Armas, director de la ONG Monitor Ciudad, relató que inició el esfuerzo con amigos ingenieros y, mediante redes sociales, convocó a más de 800 voluntarios para realizar evaluaciones preliminares, sin etiquetar pero brindando información clave a las comunidades.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha capacitado a más de 4.000 voluntarios activos, quienes han inspeccionado sobre 8.500 edificaciones. De estas, el 12% fue declarado como colapsado. Los voluntarios han identificado patrones recurrentes: modificaciones informales, uso de materiales de baja calidad, estructuras no diseñadas para resistir sismos y una alta ocupación por personas en situación de pobreza estructural.

Desafíos de reconstrucción y condiciones estructurales previas

Las inspecciones en sitio revelan que muchos edificios afectados presentan vulnerabilidades previas al sismo: reformas no autorizadas, materiales deteriorados y diseños inadecuados para actividad sísmica. Estas condiciones, combinadas con la falta de mantenimiento y recursos para reparaciones, han complicado los esfuerzos de evaluación y recuperación. Además, el costo estimado de las reparaciones genera preocupación entre habitantes que ya enfrentan dificultades económicas.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas y se debate la implementación de un plan integral de reconstrucción, la combinación de esfuerzos estatales y ciudadanas busca mitigar riesgos inmediatos y sentar las bases para una recuperación más segura y equitativa en las zonas afectadas por el doble sismo de abril.