Trump insiste en limitar ciudadanía por nacimiento pese a fallo judicial

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva este jueves con el objetivo de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, pese a que el Tribunal Supremo ya había bloqueado un intento similar en junio de 2024. La medida busca frenar lo que el gobierno denomina "turismo de maternidad", práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan al país para que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan la ciudadanía automática.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. En junio de 2024, el Tribunal Supremo invalidó una orden ejecutiva previa de Trump que buscaba limitar este derecho, determinando que los niños nacidos en EE.UU. de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción nacional y, por lo tanto, son ciudadanos.

La Casa Blanca argumenta ahora que el fallo del alto tribunal aún permite excepciones para hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, personal diplomático, personas catalogadas como terroristas extranjeros o quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico. Según estimaciones gubernamentales, la orden anterior habría afectado a aproximadamente 255,000 niños al año.

Trump ha mantenido desde su campaña la promesa de limitar la ciudadanía para hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Esa iniciativa marcó el inicio de una serie de políticas migratorias más restrictivas durante su administración.

El presidente sostiene que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, ha sido interpretada erróneamente y que su propósito original era otorgar ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos liberados, no a todos los nacidos en territorio estadounidense.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido que cualquier intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante orden ejecutiva enfrentará nuevos desafíos legales, ya que el Tribunal Supremo ha dejado claro su interpretación constitucional al respecto.