Trump impulsa el Escudo de las Américas para militarizar la lucha contra el crimen en la región

Estados Unidos lidera una iniciativa regional para intensificar la participación militar en la seguridad ciudadana, bajo el marco del llamado Escudo de las Américas, una estrategia promovida por el gobierno de Donald Trump que busca coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo en América Latina y el Caribe.

La militarización de la seguridad no es nueva en la región. Desde 2006, México ha mantenido a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y en 2019 creó la Guardia Nacional, una fuerza policial bajo mando militar. En el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), los militares han sido desplegados durante años contra pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, con un enfoque particularmente intenso en El Salvador bajo el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele en 2022.

En Perú y Colombia, los gobiernos han recurrido reiteradamente a las fuerzas militares para combatir a grupos armados vinculados al narcotráfico, incluyendo guerrillas y disidencias. Ambos presidentes, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, reafirmaron esta postura en sus discursos de investidura en julio y agosto de 2024. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un conflicto armado interno, lo que permitió el despliegue de militares en las calles y la transferencia de funciones de seguridad ciudadana y control penitenciario a las Fuerzas Armadas.

Brasil también ha utilizado tropas militares en eventos de gran magnitud, como la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, para patrullar zonas turísticas, rutas estratégicas y favelas frente a grupos delictivos bien armados.

Desde hace aproximadamente un año, Estados Unidos ha desplegado una fuerza aeronaval en el Caribe y el Pacífico oriental que intercepta, bombardea y hunde embarcaciones sospechosas de transportar drogas, sin garantizar el debido proceso a sus tripulantes. Tras un incidente el 3 de enero en el que se reportó un ataque contra Venezuela y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, la administración Trump declaró su disposición de usar fuerza militar para combatir el delito en otros territorios, señalando particularmente a los carteles de México, gobernado por una administración de izquierda y excluido del Escudo de las Américas.

El 7 de marzo, Trump encabezó una cumbre en Miami con una docena de mandatarios regionales, donde se formalizó el Escudo de las Américas. La iniciativa reúne a gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, la mayoría identificados como afines a corrientes ultraderechistas o derechistas tradicionales. Quedan fuera del acuerdo México, Uruguay, Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como varios territorios caribeños no considerados en la alianza.

El 22 de septiembre, los países del Escudo anunciaron su primera acción conjunta contra lo que denominan narcoterrorismo, dirigiéndose contra 24 organizaciones criminales. Entre ellas, ocho son mexicanas: los carteles de Sinaloa, Golfo, Noreste, Juárez, Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana, Carteles Unidos y Los Viagras; dos son de El Salvador (Mara Salvatrucha y Barrio 18); en Colombia se incluyó al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a dos disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia); y desde Venezuela se señaló al Cartel de los Soles.

En Brasil, las elecciones presidenciales de segundo vuelta están programadas para el 25 de octubre, con el candidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y figura destacada del ultraderechismo, liderando las encuestas. Bolsonaro ha prometido una alianza estrecha con Trump y un gobierno basado en el militarismo y la mano dura contra el crimen.

Según el sociólogo Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz en México, esta tendencia refleja una peligrosa confusión entre seguridad ciudadana y guerra, donde lo que debería ser una medida excepcional se vuelve permanente, poniendo en riesgo los derechos humanos en toda la región.